Ley Micaela: dos proyectos truncos y un reclamo que se agranda

Por Ivana Acosta | LVSJ
 

Antes de Micaela García también las mujeres morían, luchaban e intentaban dar cuenta de una realidad que muchas veces se pinta de sangre. Previo a eso, la Argentina ya hablaba sobre violencia de género, tenía a disposición herramientas y su ordenamiento jurídico se encaminaba en ese sentido.

Incluso existían obligaciones asumidas en virtud de la firma de distintos tratados y convenciones de derechos humanos con jerarquía constitucional como las comprendidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

Pese a esto hechos la perspectiva de género era una cuestión de trabajo y voluntad social que no tenía suficiente compromiso político. La ley 27.499 - conocida como ley Micaela - vino a llenar ese espacio que de a poco gana adherentes en diferentes municipios y provincias. Por eso se podría decir que esta normativa sancionada por el Congreso de la Nación en 2018 le dio a la perspectiva de género marco gubernamental, ya que establece la capacitación obligatoria de los agentes y funcionarios de los tres poderes del Estado en esta materia.

La ley está instalada en un debate social en nuestra ciudad. Desde que se aprobó hubo dos pedidos en el Concejo Deliberante para que el municipio de San Francisco adhiera a la misma y pueda ponerla en práctica, sin embargo, no hubo resultados favorables. El nombre de Micaela cobró más relevancia aun dado el contexto actual donde el concejal de Córdoba Cambia, Ángelo Cornaglia, es criticado desde otros espacios políticos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer por una denuncia de violencia realizada por una ex pareja.

Doble antecedente

La ley de Capacitación Obligatoria en Género fue aprobada en el 2018 y a inicios de mayo del siguiente Córdoba adhirió formalmente por medio de la ley 10.628 designándose como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Una vez que Córdoba adhirió, en la ciudad se registró el primer ingreso pidiendo que el municipio de San Francisco se haga eco. El impulsor de este proyecto de ordenanza fue el exconcejal Carlos Roffé, que en aquel momento representaba al bloque de Cambiemos.

En enero de este año, la concejal Cecilia Roffé (compañera de bancada de Cornaglia) dio a conocer que su intención es volver a presentar el proyecto de adhesión cuando se reinicien las sesiones en el Concejo Deliberante este jueves 12 de marzo.

A través de esta ordenanza intentan que San Francisco se sume y se una a la ley como ya lo hicieron Colonia Caroya, Mendiolaza y Villa María. Al respecto Roffé había dicho:

"De esta manera consideramos que estamos apostando a un cambio de paradigma en la sociedad, ya que se abordará la temática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia y abarcativa".

Reclamo social

Luego que se conociera que el concejal Cornaglia fue denunciado tiempo atrás por amenazas y hostigamiento y el pedido de una orden de restricción hacia su ex pareja, la agrupación Mujeres Unidas de nuestra ciudad reiteró el pedido de adhesión a la Ley Micaela.

"Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no son sólo aquellas golpeadas, violadas y asesinadas", expresaron en el comunicado y agregaron: "En muchos casos, estas situaciones no llegan a medidas legales. A pesar de no configurarse como un delito ni desembocar en acciones penales, sigue siendo una situación de violencia de género".

En virtud de la trascendencia de lo acaecido con Cornaglia desde el colectivo local intimaron al municipio a intervenir. "Creemos que, de manera urgente, es menester la adhesión a la ley para obligar a capacitar a los órganos dependientes en esta materia". También insistieron con otro pedido relacionado para que se cree "un espacio especializado y dedicado a enseñar políticas de género que atienda las desigualdades de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de la ciudad".

Avances en la provincia  y justicia 

La Legislatura de la Provincia de Córdoba inició un programa obligatorio de formación en temas de género, violencias y Derechos Humanos, para legisladores, legisladoras y el personal que se desempeñe en la Unicameral.

Primero se capacitará al personal superior, funcionarias y funcionarios del Poder legislativo (cuerpo parlamentario, secretarías, jefaturas y direcciones). Luego al personal de planta permanente; y finalmente al personal contratado.

Previamente a la Ley Micaela, desde la gobernación se trabajó en la aplicación de la Ley de Género en materia electoral, se formó el Consejo Provincial de la Mujer, se crearon los Polos de la Mujer (uno de ellos en San Francisco) y se creó el Ministerio de la Mujer. 

Dentro del Poder Judicial el Tribunal Superior de Justicia - TSJ - (máximo órgano en la materia dentro de Córdoba) firmó u convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la ley Micaela se extienda a los agentes que allí trabajan.

También se cuenta con la Oficina de la Mujer, a cargo de la exmagistrada María Esther Cafure de Battistelli; y a la secretaria del TSJ Agustina Olmedo, encargada de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar.