Sociedad
Legítimos usuarios de armas reclaman al Estado por la defensa de sus derechos

“Busca el desarme de la comunidad y para ello están poniendo cada vez más trabas para la renovación del legítimo usuario (…) La intención del gobierno pasa por incautar las armas, desarmar a la población”, afirmaron desde Aluproc.
La Asociación de Legítimos Usuarios de la provincia de Córdoba (Aluproc) viene desarrollando una serie de acciones con miras a fortalecer los derechos individuales de las personas en relación al uso y tenencia de armas de fuego respetando la ley como principio fundamental, además de promover el uso seguro y responsable de las mismas, capacitando, asesorando e informando a la ciudadanía en general.
Para ello, este sábado por la tarde, en las instalaciones del Club de Cazadores San Francisco, se llevó a cabo el primer encuentro de legítimos usuarios del este cordobés, oeste santafesino, cazadores, tiradores, tenedores de armas y coleccionistas.
En este encuentro, integrantes de Policía Ambiental y Córdoba Ambiente participaron a través de teleconferencia, donde brindaron una charla, interactuaron con los presentes y respondieron consultas.
Además, Esteban Bonfigli, del Ministerio Público Fiscal, ofreció orientación técnica y jurídica a los asistentes vinculada con la cuestión legal del transporte de armas, defensa y lo necesario para saber el manejo en diferentes situaciones.
Fernando Peralta, vocal titular de la agrupación, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “Aluproc defiende y protege los derechos de los legítimos usuarios dentro de la provincia de Córdoba, representándolos y asesorándolos, como así también, fomentando la camaradería entre los mismos y la práctica de tiro en todas sus disciplinas”.
“Dentro de Aluproc se tuvo que formar una comisión de legítimos usuarios por las reglamentaciones que se están emitiendo a nivel nacional. Nosotros vemos que el Estado Nacional busca el desarme de la comunidad y para ello están poniendo cada vez más trabas para la renovación del legítimo usuario”, sostuvo.

Entre las razones por las cuales el Estado actúa de esta manera, comentó que “consideran que quien tiene un arma es un delincuente cuando nosotros en realidad somos tiradores deportivos, tanto en el Club de Cazadores o en el Polígono. Nuestra disciplina se desarrolla a nivel mundial, nosotros utilizamos las armas por un fin deportivo, pero hay gente en el gobierno que no lo ve de esa manera”.
En su razonamiento Peralta indicó que “hoy es muy sencillo que cualquier persona consiga un arma en el mercado negro y la utilice para delinquir. Esa arma no tiene ningún tipo de requisito, mientras a nosotros no exigen superar todo tipo de exámenes psicofísicos, psicológicos, tenés que informar el ingreso mensual que tenés, de qué trabajás, etc.”.
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El entrevistado consideró que con cada proyecto que se presenta en el Congreso para limitar aún más las condiciones para conseguir el permiso de legítimo usuario “se busca reducir cada vez más” la cantidad de personas que puedan utilizar un arma de fuego, “más allá de si esto se trate de una cuestión deportiva como en nuestro caso”.
“Cuando ya no se pueda renovar el legítimo usuario, la intención del gobierno pasa por incautar las armas, desarmar a la población”, dijo.
A partir de la formación de la comisión dentro de Aluproc “el objetivo es trabajar para ir en contra de estas normativas, intentando establecer nuevas normas para cuestiones que hoy no tienen demasiado control”.
Peralta recordó luego que toda aquella persona que intente adquirir un arma en el mercado legal “se debe gestionar la figura de legítimo usuario. Para eso hay que cumplir una serie de reglamentaciones, someterse a un test psicológico, físico y pagar el canon correspondiente. Una vez que tenga esa autorización, recién podrá adquirir un arma de fuego que deberá tener guardada y desarmada y su domicilio y en el caso de tener que trasladarla deberá seguir una serie de reglas. Nosotros cumplimos todas estas cuestiones, pero desde el Estado buscan que la figura del legítimo usuario vaya desapareciendo”.

“Cuando ya no se pueda renovar el legítimo usuario, la intención del gobierno pasa por incautar las armas, desarmar a la población”.
Sobre esto último, dijo que el fin de este objetivo “es el de desarmar al pueblo que tenga un arma registrada de manera legal” para lo cual “le ponen cada vez más trabas” mientras que “esto por supuesto no aplica para todo el mercado negro de armas” del cual “se rigen los delincuentes para armarse y cometer delitos”.
Tras recordar que este mecanismo surgió “hace tres o cuatro años” aunque luego resaltó que “en el último año fue tomando cada vez más fuerza en el Congreso y para eso tuvimos que formar la federación y trabajar para ir en contra de los proyectos que ellos quieren votar y buscar anularlos”.
“El fin de esta charla nace, precisamente, en la necesidad que tenemos como Club de Cazadores de San Francisco de estar informados de todas estas cuestiones para protegernos de lo que quiere hacer el Estado en contra de nuestra actividad”, agregó Peralta.

¿Qué es el legítimo usuario?
Cabe señalar que la figura de legítimo usuario se aplica a toda aquella persona que obtiene esa condición luego de cumplir con los requisitos legales la credencial que lo habilita a tener en su domicilio y transportar descargadas armas de su propiedad o de terceros debidamente registradas, con fines lícitos (tiro deportivo, caza, defensa).
Actualmente, la Ley N° 24.492 prohíbe la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (Renar), organismo que se hallará facultado para la registración y fiscalización de todo tipo de armas, en el marco de la presente ley, la Ley 20.429 y sus decretos reglamentarios.