La sentencia en el caso Saire: ¿podrá afirmarse la idea que la violencia policial es un mal estructural?
Estas conductas violentas y extremas como la que ejercieron los dos policías condenados degradan aquella autoridad que se pretende esgrimir y muchas veces son toleradas por un sistema político que solo reacciona cuando algún caso toma repercusión pública.
La Justicia de nuestra ciudad condenó a dos policías de la Unidad Departamental San Justo a penas de 4 años para uno y de 4 años y 6 meses para el restante, inhabilitó a ambos y los conminó a realizar tratamiento psiquiátrico por las manifestaciones de su carácter violento, a raíz de la golpiza que propinaron al joven Fernando Saire, hecho ocurrido en la madrugada del 16 de febrero de 2019 en la propia sede de la Jefatura policial.
El caso denominado con el apellido de la víctima llegó a su instancia crucial, luego de un largo periplo de investigación. El mismo tiempo en el que Saire debió emplear para recuperarse de las heridas recibidas, algunas de ellas que afectarán su vida futura también. La sentencia judicial, más allá de que no está firme aún, colmó las expectativas de los querellantes y también de parte de la sociedad que rechaza este tipo de comportamientos que denigran el uniforme policial.
El juicio se realizó en un momento en el que algunos abusos policiales dieron lugar a sonados casos que son motivo de la discusión pública. Los casos de Blas Correas en Córdoba y de Lucas González en Buenos Aires, sumados a decenas de denuncias varias provincias del país dejaron asentada una realidad que tiene lejanos antecedentes y que no ha sabido ser resuelta por la implementación de las diferentes políticas en materia de seguridad.
Este tipo de prácticas abusivas remontan el recuerdo y la reflexión a otras épocas, en las que la violencia de quien decía ejercer la autoridad era moneda corriente a través de hostigamientos, detenciones arbitrarias, golpizas, violencia psicológica, torturas y hasta uso indebido de armas reglamentarias que terminaron en asesinatos, entre otras. Estas conductas violentas y extremas degradan aquella autoridad que se pretende esgrimir y muchas veces son toleradas por un sistema político que solo reacciona cuando algún caso toma repercusión pública.
La deficiente e improvisada formación de policías es uno de los motivos que merece análisis por parte de las autoridades. No solo porque quizás se mantienen criterios que han quedado perimidos, sino también porque es posible que la rigurosidad necesaria en la selección y educación del personal policial sucumba frente a urgencias originadas en cuestiones políticas coyunturales. La figura del búmeran grafica con elocuencia este tipo de circunstancias.
¿Podrá afirmarse la idea que la violencia policial es un mal estructural? ¿Se comprende el daño que se hace a la confianza pública en la fuerza de seguridad con estas prácticas que la Justicia condenó en este caso? ¿Se entenderá la incertidumbre e indignación de muchos hombres y mujeres que visten hidalgamente el uniforme por el accionar de algunos de sus "colegas" y también frente a la sucesión de desatinos en las políticas relacionadas con la seguridad ciudadana?
Como bien se señaló en la crónica publicada en este diario, el fallo dictado por la Justicia sanfrancisqueña engrosó la lista de policías "que mancharon su uniforme y la institución de las fuerzas de seguridad". Un listado -es lamentable- extenso y que destroza el imprescindible pacto de confianza entre la fuerza y la ciudadanía, sin el cual la vida en sociedad se hace casi imposible. Es de esperar que la sentencia del caso Saire, además de establecer las responsabilidades que corresponden, sirva como disparador de los necesarios debates que deben darse y la urgente implementación de las medidas que tiendan a erradicar para siempre los aberrantes abusos y métodos violentos en las distintas policías, así como para colocar, de una buena vez, a esta temática en el listado de prioridades de la gestión de los gobiernos nacional y provinciales.
