La Provincia lanzó un proyecto de Ley Antibúnker para intervenir inmuebles vinculados al narcotráfico

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que apunta a brindar al Estado una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad y la convivencia en los barrios.

La propuesta establece un régimen administrativo y judicial destinado a actuar sobre propiedades utilizadas como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como también sobre inmuebles desocupados o deteriorados que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.

Según se informó, el proyecto contempla mecanismos de intervención temprana mediante actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas. Además, habilita la aplicación de medidas preventivas como cerramientos, tapeados, clausuras provisorias, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.

Intervenciones judiciales y fondos para combatir el narcotráfico

La iniciativa prevé que, en los casos de mayor complejidad, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, sea la Justicia la que pueda ordenar medidas de mayor alcance. Entre ellas se incluyen desalojos, demoliciones de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo para que los bienes decomisados y los recursos obtenidos en causas relacionadas con el narcotráfico sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.

En ese marco, se establece que el 60% de los fondos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El 40% restante será destinado a programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje de esta problemática.

Además, el proyecto contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que tendrán la función de coordinar acciones entre distintas áreas del Estado, entre ellas el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

La iniciativa también invita a municipios y comunas a adherir al régimen y celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en sus jurisdicciones.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la propuesta busca brindar una respuesta integral frente a inmuebles que favorecen la inseguridad y el narcotráfico, recuperando esos espacios para la comunidad y fortaleciendo la presencia estatal en los distintos barrios de Córdoba.