“La protección de las infancias está fallando en Córdoba”, advirtió la exjueza Martínez

La exjueza de Menores Esther Martínez aseguró que el caso de Agostina Vega expone falencias estructurales en la protección de niños y adolescentes y advirtió que muchas situaciones de riesgo no están siendo abordadas a tiempo. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, sostuvo que existe una creciente desprotección de las infancias y reclamó la recuperación de mecanismos preventivos que, según su visión, funcionaban de manera más eficaz años atrás.

“Desde la perspectiva de la protección de las infancias, el caso Agostina nos muestra al desnudo que no se está haciendo prevención de menores en la provincia de Córdoba. La protección de las infancias está fallando”, afirmó.

Martínez vinculó esa situación con los cambios normativos impulsados durante las últimas décadas. En ese sentido, reivindicó el sistema que regía anteriormente en Córdoba y cuestionó la transferencia de las funciones preventivas al Poder Ejecutivo.

“En el gobierno de José Manuel de la Sota, y no estoy haciendo partidismo alguno, se derogó la mejor ley de minoridad que tuvo la provincia y el país, la Ley 9944. Tenía un procedimiento cuidado, con plazos estrictos en cada caso que hubiera un menor en riesgo y llegaba hasta su resolución”, recordó la ex titular del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de los Tribunales de San Francisco.

Sostuvo que el esquema comenzó a modificarse a partir de una ley nacional sancionada durante los gobiernos kirchneristas “que la prevención de los menores debe estar a cargo del Poder Ejecutivo”. Y agregó: “Para mí fue una decisión populista. No se protege más a los niños y adolescentes de ese modo porque en el Poder Ejecutivo los atiende gente menos preparada. Mientras en el Poder Judicial se rinden concursos, en el Ejecutivo no. Empleados administrativos toman, sin procedimiento ni plazo alguno, decisiones cruciales sobre la vida de bebés, niños y adolescentes”.

 “Si hubiera estado interviniendo el Juzgado de Menores, la escuela habría denunciado a la semana de faltas sin certificado médico de Agostina. La Justicia habría citado a la menor, a su padre y a su madre para averiguar las circunstancias de esas inasistencias injustificadas”, aseguró.

“La escuela como señal de riesgo iba a permitir conocer la causa real por la cual esa menor no estaba asistiendo. Entonces, a esa menor se la habría prevenido judicialmente. El aprendizaje que saco de este hecho y que el gobernador Martín Llaryora debería obtener también es que, por más que se trató de que Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familiar) y las Uder funcionaran, no funciona”, afirmó. En esa línea, pidió que la Provincia revise el modelo vigente.

“Aun jubilada, quiero llegar al señor gobernador para pedirle el retorno al sistema y a la ley anterior. Se está llegando tarde a los casos que se podrían prevenir”, consideró.

Martínez recordó que años atrás existía una coordinación permanente entre distintas instituciones que permitía detectar situaciones de riesgo antes de que escalaran. “Funcionábamos articulados y con buenísimos resultados. Los hospitales colaboraban, los centros vecinales, los vecinos, los parientes, los jueces de paz y los equipos técnicos. De parte de los hospitales hemos detectado cantidad de abusos”, señaló.

“Lo que estoy reclamando es que exista una articulación efectiva entre Justicia, Policía, salud, escuela y todas las áreas que protegen a los niños”, remarcó.

La exmagistrada también manifestó preocupación por las transformaciones sociales que impactan sobre las familias y terminan afectando a niños y adolescentes. “Los chicos quedan solos muchas horas, no siempre tienen otro familiar que los contenga. Cuando los papás salen a trabajar, se crían solos, toman entonces los peores ejemplos, que son las redes y la televisión. No hacen deportes, no tienen límites”, advirtió. Y añadió: “El Estado viendo esa situación de la familia debe estar a través de sus poderes conteniendo a la familia y a sus miembros, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad”.

Martínez también alertó sobre otros fenómenos que observa en la actualidad. “Me preocupa la soledad de los niños, la tecnología invasiva, la medicación indiscriminada y la falta de modelos a seguir. Los chicos están mal, muy mal. Le dan muy poco valor a la vida. Están queriendo rápido cosas materiales, sin esfuerzo, inducidos por la sociedad de consumo”, expresó.

Además, planteó que la perspectiva de niñez continúa siendo entendida de manera limitada dentro de muchos ámbitos institucionales y judiciales. “Tener perspectiva de niñez no es sacar resoluciones en que en un párrafo le hablan en lenguaje claro para que entienda –siguió-. Incorporar perspectiva de niñez es salir de la interpretación machista al recibir denuncias y al investigar. Es un cambio de perspectiva en el abordaje de la violencia. Desde la primera pregunta que se hace a una niña o a una madre. No creer que la niña se fugó para irse con el noviecito. Y si fuera así, la buscamos igual desde la primera hora”.

“Incorporar perspectiva de niñez es que el juez dé la cara, no que esté escondido y después saque algo por escrito. Es estar presente en las audiencias, conociendo al menor sujeto de derecho, conociendo a su familia. Esa es incorporar a la niñez, escucharla”, acotó.

“La inmediatez es fundamental”, dijo, al insistir en que la protección efectiva de niños y adolescentes requiere intervención temprana, compromiso institucional y una red articulada capaz de actuar antes de que los riesgos se transformen en tragedias.

Por último, opinó sobre la instrucción de la causa por el femicidio de Agostina: “Creo que el fiscal Raúl Garzón está llevando adelante una investigación correcta, muy diferente a lo que hizo el fiscal Iván Rodríguez en 2025 con la denuncia contra Claudio Barrelier. En aquel momento lo dejó en libertad al considerar que no era peligroso y que, en caso de condena, recibiría una pena condicional. Sin embargo, se trataba de hechos graves, como un secuestro agravado por el uso de armas y un intento de abuso. Por eso considero que Rodríguez debería ser sometido a un jury”.