La misma discusión, la misma realidad

Un informe publicado por nuestro colega La Voz del Interior volvió a colocar en escena un tema que genera siempre discusiones matizadas por lo ideológico y que, en campaña electoral, se potencia. Se trata de la diferencia notable entre lo que pagan por la energía consumida los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con referencia a lo que debemos abonar los cordobeses.

Así, existe una distancia de aproximadamente el 70 por ciento entre los montos de las tarifas de las empresas proveedoras de electricidad. Se retornó así al esquema injusto, desigual y arbitrario que se aplicó en los anteriores períodos en los que gobernó el actual oficialismo. Por ello, la misma realidad que una década atrás, no podía sino generar el mismo debate de antaño. 

La secretaría de Energía de la Nación salió al cruce de este informe periodístico, así como también la vicepresidenta Cristina Fernández a través de una publicación en una red social. De inmediato, surgió la respuesta de las autoridades provinciales. En efecto, la repartición nacional afirmó que, a través de Cammesa, la energía tiene el mismo precio en todo el país y que el gobierno nacional "hace un gran esfuerzo para que el sector económico acompañe la recuperación de nuestro país propiciando tarifas accesibles". Sostuvo además que Epec es el ente que fija las tarifas en Córdoba. El ministro de Servicios Públicos de nuestra provincia, Fabián López afirmó que esto último no se condice con la verdad.

El funcionario dijo que la respuesta del gobierno nacional a través de los tuits de la Secretaría de Energía "generó una molestia muy grande" y fueron una "falacia". "En Córdoba hay 205 prestadoras de energía eléctrica y Epec es la más grande y las tarifas las fija un ente regulador de servicios, autárquico, con representación del oficialismo, la oposición y usuarios y están vinculadas a este tema de inflación y más que una guerra de tarifas es una guerra de subsidios", sostuvo. Lo que no dice la Nación es que las dos empresas prestatarias del servicio en el denominado Amba deben miles de millones de pesos, deuda generada por la decisión de atrasar las tarifas y que nunca se cobra, con lo que se transforma en un subsidio más. 

Aun entendiendo de que se trata de discusiones que se dan en cualquier campaña electoral, es un hecho incontrastable el retorno al esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del otro. Además de ser insostenible en el tiempo, la injusticia es muy grande. Quienes abrazan verbalmente la consigna del federalismo y la igualdad, favorecen a porteños y habitantes del Conurbano de manera tan abierta como irritante para el interior del país. Tanto, que no se comprende cómo, todavía hoy, la Nación sigue manejando el tema tarifario en esa populosa región y no traspasa esa responsabilidad a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Por más que se pretenda disfrazar desde la Nación, esta vieja discusión se origina en la reinstauración de una realidad en la que los votos de Buenos Aires importan más que los de cualquier otra zona del país, por lo que mantener controlado el humor social del Conurbano es la única razón para que existan diferencias ridículas en materia de tarifas de servicios públicos.