La lucha contra la corrupción

A partir de diciembre de 2015 gobierno de la provincia de Buenos Aires inició en la policía Bonaerense 12.395 sumarios internos, apartó a 4.747 uniformados y encarceló a 390. La mitad de los procesos fueron por corrupción y un 15% por violencia de género, policías hombres que maltratan en casa a sus mujeres. Casi 900 uniformados están hoy investigados por enriquecimiento ilícito y 73 ya enfrentan procesos penales. Además, varios jefes de la fuerza cayeron como consecuencia de escándalos que se suceden sin solución de continuidad.

La "maldita policía" bonaerense es, quizás, el reflejo más fiel de la corrupción estructural que invadió prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Después de años de intentos fallidos, ahora parece que las cosas han cambiado y que, pese a todas las presiones y amenazas que la pérdida de "privilegios" origina, el camino está orientado hacia la normalización de una fuerza de seguridad mayúscula.

La aparición de mafias en las que policías hacían cuantiosos negocios no es sólo una realidad en la provincia de Buenos Aires. Pero allí, por lo cuantitativo, es quizás el sitio donde más nítidamente se observa el barro en el que están sumidos muchos trozos de una Argentina que, necesariamente, debe salir del laberinto y encarar profundas reformas que devuelvan la transparencia y destierren la sospecha.

La corrupción policial es una de las facetas de la estructura mafiosa que ha invadido resortes fundamentales del Estado, por ejemplo. Por estos días, el caso Odebrecht, iniciado por el pago de millonarias coimas por parte de la contratista brasileña, se discute hasta en las mesas de café. Y campea el pesimismo sobre si se van a conocer de manera fehaciente quiénes recibieron dádivas de esta empresa. Vale recordar que los "arrepentidos" brasileños dijeron que se pagaron más de 35 millones de dólares a funcionarios argentinos. Y, también, que nuestro país es todavía uno de los pocos en los que no se conocen las informaciones. En Perú, por ejemplo, hasta el ex presidente Alejandro Toledo es requerido por la justicia y resiste su detención exiliado en los Estados Unidos, hasta que algún tribunal norteamericano lo deporte.

Otro ejemplo reciente. Un magistrado federal porteño evitó el enjuiciamiento por supuesto enriquecimiento ilícito luego de que un miembro del Consejo de la Magistratura cambiara su anunciado voto. Las sospechas no tardaron en diseminarse con velocidad inaudita. Se aplica aquí con claridad aquello de quemarse con leche y llorar cuando se ve una vaca.

Todos los gobiernos anuncian medidas contra la corrupción. Y son pocos los que han conseguido algún parche por lo menos. La decisión política de avanzar decididamente contra las mafias de la policía bonaerense señala un camino, difícil y pedregoso, sinuoso y peligroso, pero imprescindible y necesario de ser replicado en todos los ámbitos, sea en la esfera estatal como en muchas áreas del sector privado.