La “Ley Joaquín” busca que las víctimas tengan voz antes de resoluciones judiciales

 El Gobierno de la provincia de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de garantizar asistencia, participación y acompañamiento a quienes atraviesan un proceso penal.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, plantea establecer estándares mínimos de trato, información, protección y reparación para las víctimas, además de introducir modificaciones en el Código Procesal Penal provincial para asegurar que esos derechos se apliquen de manera efectiva.

El texto propone que la norma sea denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, como una forma de reconocimiento institucional. Según se señala en el proyecto, el nombre busca recordar que detrás de cada expediente judicial “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.

Entre los principales derechos que se buscan garantizar desde el primer contacto con el sistema judicial figuran el trato digno, la privacidad y la no revictimización, así como el acceso a información clara sobre el proceso penal. También se contempla la posibilidad de contar con patrocinio jurídico —incluso gratuito cuando sea necesario— y recibir asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera continua.

El proyecto también prevé medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación y la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, ya sea por la vía penal o civil. En ese sentido, el texto establece el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

Además, la iniciativa incluye reformas al Código Procesal Penal con el fin de garantizar que estos derechos no queden solo en declaraciones formales. Entre los cambios propuestos se encuentra la habilitación para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes y el refuerzo de la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.

También se establecen mecanismos para prevenir la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias durante el proceso judicial, y se contemplan modalidades especiales de declaración en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.

 Otro de los puntos relevantes es la participación de la víctima en decisiones judiciales como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la suspensión del juicio a prueba. Asimismo, en casos de delitos graves, el proyecto dispone que la víctima deberá ser informada de manera obligatoria cuando se aplique la figura del juicio abreviado.

El texto aclara que la propuesta “no introduce privilegios procesales”, sino que busca asegurar respuestas “rápidas, eficaces y útiles” dentro del sistema penal, manteniendo el equilibrio entre las partes y respetando el debido proceso.

Como parte de la iniciativa también se prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendrá la tarea de elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación mediante reasignaciones presupuestarias o partidas específicas.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento legislativo en la Legislatura de Córdoba, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual aprobación.