Política
La Legislatura aprobó la Ley de Procedimiento Penal Juvenil
La norma provincial establece ante qué supuestos delitos o circunstancias se puede determinar resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles.
Legislatura de Córdoba aprobó el Procedimiento Penal Juvenil, un marco normativo que garantiza el debido proceso y prioriza la reintegración social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa, actualiza la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales y brinda respuestas eficaces y diferenciadas a esta problemática.
Este nuevo procedimiento diferencia el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles, asegurando un abordaje ajustado a principios de protección integral y justicia especializada.
El despacho aprobado asegura la correcta aplicación de la ley. En este sentido, el proyecto se estructura en cinco ejes centrales que marcan un avance en el sistema de justicia penal juvenil en Córdoba:
- Aporta claridad normativa: Establece reglas generales del procedimiento penal juvenil, diferenciando con precisión el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles.
- Garantiza el debido proceso: Fija objetivos, plazos y proporcionalidad en las medidas aplicadas, estableciendo quién debe controlar su cumplimiento. Esto asegura que el sistema penal juvenil opere con transparencia y equidad, respetando los derechos de los adolescentes.
- Define con precisión el resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles: Especifica de manera clara los supuestos en los que puede aplicarse el resguardo institucional excepcional (artículos 44 y 45), asegurando que esta medida sea utilizada solo en casos estrictamente necesarios y bajo las garantías de debido proceso.
- Implementa medidas progresivas para la reintegración social: en un sistema de intervención gradual, permitiendo evaluar la evolución del joven a lo largo del proceso.
- Crea una Mesa de Seguimiento y Control de las políticas públicas en la materia: órgano conformado por siete miembros representando a los distintos poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras en la implementación de las medidas socioeducativas.
