Fallo en Córdoba
La Justicia Federal ordenó al Pami y a la Nación a restablecer los pagos a prestadores de discapacidad
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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de alcance colectivo para garantizar la continuidad de terapias, medicamentos y transporte. La resolución advierte sobre el riesgo inminente para la salud de miles de beneficiarios ante las deudas acumuladas desde el año pasado.
En una resolución de fuerte impacto social, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ordenó en las últimas horas de manera urgente a Pami y al Ministerio de Salud de la Nación (mediante el programa Incluir Salud) normalizar el pago de las prestaciones para personas con discapacidad.
El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja fijó un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con esta disposición.
Un ultimátum para proteger tratamientos vitales
La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
El fallo busca proteger a titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad, asegurando la continuidad de servicios esenciales que se encontraban en riesgo por la falta de acreditación de fondos.
El magistrado subrayó que las demoras crónicas y la interrupción en la entrega de fármacos representan un "riesgo inminente" para un sector de alta vulnerabilidad.
Según la resolución, el Estado intentó "evadir o dilatar" sus obligaciones constitucionales de protección integral.
Instituciones al límite financiero
El desfinanciamiento llevó a situaciones críticas. En los fundamentos, el juez destacó el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que debió afrontar más de $ 41 millones en intereses ante Arca por aportes y contribuciones impagas durante 2026, producto del atraso en los cobros estatales.
Este escenario se enmarca en la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026.
La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.
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