Fallo
La Justicia determinó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario
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La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la Ley 27.795 y ordenó al Poder Ejecutivo garantizar el financiamiento para el sistema educativo superior. Lo que se sabe.
La Justicia federal determinó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera efectiva con la ley de financiamiento universitario. La resolución obliga a la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas universidades del país.
La decisión judicial se fundamenta en que la Ley 27.795 fue confirmada por dos tercios de los votos en el Congreso de la Nación, luego de haber sido observada totalmente por el Poder Ejecutivo.
Impacto en el presupuesto educativo
El fallo ratifica que el Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley aprobada por el Parlamento mediante el uso de normativas anteriores. El tribunal analizó si la Ley de Administración Financiera podía utilizarse como sustento para frenar la aplicación de la nueva norma.
Para los magistrados, la respuesta a este interrogante es negativa, ya que no existen diferencias de jerarquía entre las distintas leyes que emanan del Poder Legislativo, informó TN.
“La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso”, sentenciaron los camaristas en el fallo.
Validez de las leyes del Congreso
Los jueces recordaron que el Congreso es el órgano soberano para definir el destino de los fondos públicos a través de leyes específicas como la de Financiamiento Universitario.
El tribunal subrayó que el Poder Ejecutivo, al promulgar la norma, intentó suspender sus efectos prácticos basándose en una interpretación jerárquica que la Justicia ahora descarta.
Con este escenario, el Gobierno queda obligado a readecuar las partidas presupuestarias para dar cumplimiento a los artículos que exigen la recomposición de ingresos en el sector.
Se espera que esta resolución judicial marque un precedente directo sobre la ejecución de fondos educativos durante el presente ciclo lectivo.
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