La intervención de Vicentin
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La participación del Estado en algunas actividades vinculadas con la producción no siempre es perjudicial, aun cuando la historia argentina se empeñe en certificar lo contrario. Es que han sido numerosos los episodios en los que la intervención estatal solo produjo zafarranchos más difíciles de arreglar que los que venía supuestamente a resolver. De todos modos, en este caso al menos, habrá que esperar.
El presidente de la Nación anunció la intervención de la empresa Vicentin, una de las más importantes agroexportadoras del país que se encontraba en concurso de acreedores. La decisión incluye, según se dijo, el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se apruebe su expropiación. Entonces, Vicentín pasaría a ser una empresa estatal. Y, con ello, el actual gobierno y los que sobrevendrán podrán intervenir en el mercado de los granos, principal fuente de divisas del país.
La firma agropecuaria se convertiría así en la octava compañía estatizada desde el 2003. Diarios capitalinos publicaron un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entre 2003 y 2015 hubo una incorporación de 13 empresas a la estructura gubernamental, de las cuales 6 fueron creadas y 7 reestatizadas. Los casos más resonantes fueron Aerolíneas Argentinas (2008) e YPF (2012). Pero también Aguas y Saneamientos (AySA) en 2006, la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FADEA) en 2010 y de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) en 2007, Correo Argentino en 2003 y Ferrocarriles Argentinos.
Tras conocerse la intervención de Vicentin, la discusión política y mediática derivó del coronavirus a esta decisión sorpresiva del gobierno nacional. Voces apoyando la medida, algunas moderadas y otras directamente representativas de ideologías extremas, se esparcieron por l debate público. También, y con las mismas características que las anteriores, se escucharon sonoras críticas que van desde el cuestionamiento por lo inconsulto hasta la defenestración lisa y llana debido a cuestiones también relacionadas con posiciones partidarias y vinculadas con lo ideológico. La grieta se hizo nuevamente presente.
En ambas posturas, no obstante, podrían aparecer "semillas de verdad". La participación del Estado en algunas actividades vinculadas con la producción no siempre es perjudicial, aun cuando la historia argentina se empeñe en certificar lo contrario. Es que han sido numerosos los episodios en los que la intervención estatal solo produjo zafarranchos más difíciles de arreglar que los que venía supuestamente a resolver. De todos modos, en este caso al menos, habrá que aguardar cómo se desarrolla el proceso y de qué manera se resuelve para fijar posición definitiva. La moderación se tendría que imponer.
Sin embargo, para muchos voceros del oficialismo vinculados con el ala más dura del kirchnerismo, la medida de intervención de la empresa Vicentin sería como una reivindicación frente a la derrota que sufrieron en 2008 durante la discusión de las retenciones móviles. Algunos fantasean con que esta decisión sea el puntapié inicial para intervenir directamente en un sector que les ha sido esquivo durante todo este tiempo. Para varios dirigentes, "manejar" y hasta "someter" al campo parece ser una obsesión.
El análisis de los detalles técnicos y económicos de esta medida ocupa espacios numerosos en todos los medios y en todos los soportes comunicacionales. Se entremezcla con la discusión de fondo. Un debate no cerrado en la Argentina que lleva décadas. Que se entromete siempre. Y que reapareció con fuerza en el mundo de la pandemia. El rol del Estado en la economía y en las actividades productivas. Un papel que en la Argentina no ha conseguido réditos positivos en la mayoría de los casos.
