La dirigencia local luzfuercista repudió los despedidos pero se despegó del conflicto con el gobierno

La seccional San Francisco del Sindicato Luz y Fuerza se solidarizó con los trabajadores despedidos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), nucleados en la regional Córdoba de esa organización sindical aunque luego señalaron que desde la entidad de nuestra ciudad no forman parte de este conflicto.

Cabe señalar que la Epec presentó una denuncia penal por "coacción" en el marco del conflicto con el gremio Luz y Fuerza y echó a cinco empleados por "patotear" a la gerencia de la firma y al gobernador, Juan Schiaretti, según lo confirmó el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

En el marco de este conflicto, el secretario general de Luz y Fuerza regional San Francisco, Juan Manuel Almada, dijo que "reprochamos todas las actitudes de este tipo tomadas por la empresa" aunque aclaró que la regional San Francisco de Luz y Fuerza "está más pendiente del cierre de la central Zanichelli, de Pilar, donde hay 160 empleados que tienen en peligro su fuente de trabajo".

En el caso de la regional San Francisco de Luz y Fuerza "nosotros tenemos otra postura más negociadora, más conciliadora" que la que muestra la regional Córdoba. "Acompañamos en lo que tiene que ver con reclamar la reincorporación de los empleados" pero explicó que "hacemos diferencia entre lo que ocurre en Córdoba capital y en la regional San Francisco".

Al momento de intentar explicar las razones por las cuales se llegó a este estado de enfrentamiento entre el sector de Luz y Fuerza de Córdoba con las autoridades provinciales y de la Epec, Almada comentó que "acá hay una decisión muy firme del gobernador (Juan Schiaretti) de sacar el co gobierno que dice que tiene el sindicato con la empresa donde puede determinar qué gerente entra, qué estructura de plantel quiere, etc. Esto no pasó en el interior. A nosotros nos preocupa que nos veamos arrastrados en una misma situación cuando no es así".

Suspensiones y denuncia

El directorio de Epec suspendió a siete integrantes de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones que, según la empresa y en el marco del conflicto que mantiene con el sindicato, se negaron a proporcionar las claves de cuentas de administración y datos estratégicos que les habían sido solicitados por las gerencias respectivas mediante actas de escribano público, informó del diario La Voz del Interior.

Por ese motivo, según informaron Epec y López, es que la Provincia presentó una denuncia penal en la Justicia por "coacción".

 "Entendemos que esto tiene que ser tipificado como un delito el impedir que una empresa funcione. Estas son bases de datos que son neurálgicos, se somete a la base de datos a posibles daños. Hemos hecho una denuncia en la sede judicial", dijo López al programa Juntos, por Cadena 3.

"Uno tiene que medir los datos de las mediciones y si eso no se pude hacer involucra un grave perjuicio, esperamos que la Justicia lo resuelva de manera ágil. Y que quede claro quién establece las políticas de conducción. Es imposible que los delegados gremiales quieran plantear un gerente por consenso. ¿En qué empresa se ha visto eso? Si no fuera que afecta importante, sería casi un ridículo", indicó.

 "Primero que no vamos a admitir ningún hecho de patoterismo, ni que se pusiera en discusión la potestad de la empresa para determinar los cuadros gerenciales. Parece ridículo que el directorio de la empresa tenga que consensuar un gerente", afirmó.

En cuanto a los salarios, el funcionario aseveró que los haberes "están siendo liquidados en tiempo y forma, como lo anunció el presidente de la empresa", señaló.

Preocupación por la fuente laboral

Sobre el cierre de la central Zanichelli, de Pilar, Almada señaló que desde la organización sindical "estamos haciendo todo lo posible para tratar de reubicarlos porque es una realidad que en enero del año próximo esa central va a dejar de integrar el mercado mayorista eléctrico y cerrará sus puertas. Por todo esto, estamos preocupados y ocupados en ver dónde va a ir toda esa gente a partir de ese momento".

"Nuestro problema, por ahora, pasa por definir esa situación", indicó Almada aunque destacó que "reprochamos las actitudes" (tomadas por el gobierno provincial) para con los trabajadores despedidos.