La crisis institucional del Perú
Si algo positivo puede encontrarse en esta lamentable experiencia de la Nación hermana es que las instituciones siguen funcionando y procuran alguna respuesta contra el virus de la corrupción, que no sabe de fronteras y que es tanto o más dañino que el que ha desatado la pandemia.
En menos de una semana Perú ha tenido tres presidentes. La memoria colectiva de muchos argentinos preocupados por lo que ocurre en el país hermano se retrotrajo al 2001 cuando nuestro país vivió algo similar desde lo institucional. En verdad, la destitución de Martín Vizcarra y luego la renuncia de su reemplazante, Manuel Merino, designado por el Congreso, dio paso a que asumiera Francisco Sagasti Hochhausler, un parlamentario centrista titular del Partido Morado.
La misión de este político moderado es ardua y complicada. Deberá superar una de las peores crisis institucionales del país andino, con violentas manifestaciones callejeras, muertos por represión y durísimas acusaciones populares contra toda la dirigencia política. Tanto es así que el recordado "que se vayan todos" se coreó en las calles de Lima y de otras ciudades del país incaico.
Un dato habla a las claras de la extensión y gravedad de la crisis institucional peruana y su costado moral. Desde 1985, con la sola excepción de un presidente transitorio cuyo mandato duró 8 meses- todos los presidentes fueron investigados -y terminaron algunos procesados y condenados- por delitos de corrupción. La impronta que dejó el polémico Alberto Fujimori no parece haber quedado atrás. Y, entonces, permanece en el aire la sensación de desconcierto en una ciudadanía que desconfía ya no solo de sus dirigentes políticos, sino también del sistema en el que se mueven.
El nombramiento de Sagasti por el Congreso de Perú descomprimió un tanto la crisis. Así lo resaltó en su editorial el prestigioso diario limeño El Comercio: "El jefe del Estado ha mostrado voluntad por escuchar y entender lo que la gente necesita. En ese sentido, el gesto de ofrecer disculpas a las víctimas de la represión policial y el de invitar a los padres de los fallecidos a su juramentación son valiosos y poderosos. Una necesaria y positiva muestra de empatía que hay que resaltar".
No obstante, también este rotativo advirtió en la misma columna que, "al tratarse de un gobierno de transición, la legitimidad no solo residirá en la legalidad de los procesos que lo han encumbrado, sino también en que el país considere que se está tomando en cuenta el respeto a las reformas del Estado, la independencia de instituciones como el Instituto Nacional de Radio Televisión, y las demandas expresadas por los manifestantes estos días de tener una clase política más proba".
Este último aspecto hermana a Perú con la mayoría de los demás países de la región. La destitución del presidente Vizcarra se debió a conexiones del caso Odebrecht, cuyas ramificaciones tocan a varios países, entre ellos la Argentina. Si algo positivo puede encontrarse en esta lamentable experiencia de la Nación hermana es que las instituciones siguen funcionando y procuran alguna respuesta contra el virus de la corrupción, que no sabe de fronteras y que es tanto o más dañino que el que ha desatado la pandemia.