La “deuda” de la IVE sigue siendo disminuir la desinformación
El vínculo y la consejería entre pacientes y profesionales de la salud son dos aspectos que ganan relevancia en las consultas y aminoran el sesgo de la clandestinidad que en ocasiones persiste.
Por Ivana Acosta | LVSJ
Se cumplieron seis meses de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) y de una jornada donde los pañuelos de color verde tiñeron todo el país. La voz de las mayorías se había hecho escuchar esa jornada aceitando los ejes del sistema democrático.
Desde aquel entonces y con el correr de los días y aplicación el sesgo de la clandestinidad ha ido en picada y las consultas informativas ganaron terreno. A partir de esas inquietudes en el Hospital J.B. Iturraspe se realizaron 55 prácticas de interrupción de acuerdo a las estadísticas del 28 de mayo último, de acuerdo a lo explicado por el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de ese nosocomio, Saúl Kohan.
Si bien en los sectores que avalan esta implementación celebran su vigencia tanto profesionales como activistas dan cuenta de que la información sobre el marco legal no ha generado igual impacto lo que perjudica las posibilidades de acceso, de comprensión y entendimiento de lo que se hace en las consultas.
Kohan dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO sobre este cambio "en la geografía del Hospital" sobre estas prácticas que lo principal es que ya no hay vergüenza en ir y preguntar: "El gran cambio es que ya no es una consulta clandestina o vergonzante".
Además, también sostuvo que "tener un marco de legalidad le permite saber a la persona gestante quienes son o no los objetores de conciencia y se le facilita a quien necesita asesorarse sobre la interrupción que lo haga sin la carga de la clandestinidad revalorizando la dignidad de quien acude".
La ley 27.610, de IVE, se aprobó el 30 de diciembre de 2020 y fue promulgada el 14 de enero de este año.
Desde que la ley se implementa y de acuerdo a los datos registrados hasta mayo, las IVE practicadas son 55 y el consultorio ha funcionado de forma correcta todo este tiempo.
"(El consultorio) Siguió funcionando bien, al no tener que alegar causales es más rápido. La persona gestante solicita el acceso a la práctica, se verifican los requisitos que indica la ley, es decir, que sea un embarazo de hasta 14 semanas, no haya ninguna contraindicación y tenga la edad mínima y así todo se hace más fluido", se explayó.
Lo que sí se vislumbra es que al inicio "existe una timidez por parte del paciente, pero ni bien se van aclarando las cosas cambia al establecerse el vínculo".
La gran deuda para que este efecto disminuya es que se brinde más información sobre la ley: "Falta que se difunda más el marco legal porque esa es una deuda que tenemos. nadie viene abiertamente a decir 'donde es que se hacen los abortos', legalmente las razones no importan acá, no se necesita demostrar nada solo la libre voluntad aconsejada debidamente y una vez que ese vínculo se establece todo se agiliza".
En este sentido contó lo que sucede con las personas gestantes luego que se practica la IVE y que en muchos casos es desconocido, esto implica "hacer una ecografía de control, acompañarlo con la consejería por vía telefónica - la cual se mantiene desde el primer momento - y el asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos", la variedad, alternativas y otorgamiento.
El acceso al misoprostol y la información que no llega
Durante el primer semestre 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol.
También se iniciaron dos procesos de compra, uno a UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) y otro a LIF (Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe) por un total de 100.000 tratamientos de Misoprostol 200 mcg, de acuerdo a un informe oficial al que accedió Télam.
La distribución también se realiza a través del plan Remediar dado que en algunas farmacias de distintos puntos del país las personas se encontraron con dificultades para su otorgamiento.
Respecto de los obstáculos judiciales Amnistía Internacional Argentina informó que relevó 31 demandas judiciales en contra de la ley IVE, número 27.610, que no prosperaron.