La “Barú Budú Budía” del Siglo XXI

Por Fernando Quaglia | LVSJ 

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

El retorno de la censura previa

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.