Justicia más ágil: Drazile valoró el nuevo sistema de flagrancia

La Justicia de Córdoba puso en marcha el Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo modelo organizativo que busca agilizar la resolución de causas iniciadas cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después. Durante el lanzamiento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, afirmó que la iniciativa apunta a lograr “una Justicia más eficiente, pero también más humana”, capaz de ofrecer respuestas más rápidas a la sociedad.

El nuevo esquema, que comenzará a funcionar en la capital provincial, prevé la creación de Unidades Fiscales de Flagrancia. Allí se concentrarán los casos en los que la prueba inicial se encuentra disponible de manera inmediata, con el objetivo de favorecer audiencias tempranas y resoluciones procesales más ágiles.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el fiscal de Instrucción del Tercer Turno de San Francisco, Emilio Drazile, analizó el alcance de la medida y sostuvo que se trata de una transformación que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema penal. Según explicó, la reforma es fruto de un trabajo conjunto entre el TSJ, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública.

“Es un modelo organizativo que busca la mejor forma para que el sistema de justicia responda frente a estos delitos cometidos en situación de flagrancia”, señaló el funcionario, al tiempo que explicó que se trata de casos en los que una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo hecho.

Drazile señaló que el nuevo esquema podría replicarse en el interior provincial. Además, indicó que la combinación entre el sistema de flagrancia y el enfoque territorial permitiría fortalecer la presencia de la justicia en las comunidades y mejorar la respuesta frente a los delitos más frecuentes.

—¿Qué cambia concretamente con la implementación del Sistema Integral de Flagrancia respecto del sistema actual?

 Es un proceso largo porque es bastante complejo llevar adelante este nuevo procedimiento. Yo lo veo como un modelo organizativo que busca la mejor forma para que el sistema de justicia responda frente a estos delitos cometidos en situación de flagrancia. Son casos en los que la prueba inicial está disponible de manera inmediata y eso permite que el sistema judicial pueda intervenir con mayor rapidez. La implementación de este sistema permite concentrar esos casos en unidades especializadas y favorecer audiencias tempranas y soluciones procesales más ágiles.

—¿Qué beneficios concretos tendrá para las víctimas de delitos?

De alguna manera también viene a responder una demanda que está muy presente en la ciudadanía, que es contar con una justicia capaz de intervenir de manera temprana frente a determinados conflictos penales. Córdoba históricamente se caracterizó por tener un sistema procesal penal de gran calidad técnica y este modelo representa un paso importante en su modernización, incorporando herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta y acercar la justicia a la comunidad.

—¿Qué tipos de delitos serán abordados por estas Unidades Fiscales de Flagrancia?

La flagrancia no es un delito específico. Es una situación en la que se aprende a una persona cuando acaba de cometer un delito o cuando existen indicios claros de haberlo hecho. Generalmente ocurre cuando el sospechoso aún se encuentra en el lugar del hecho o con elementos vinculados al delito. Por eso el abanico es amplio: puede tratarse de un arrebato en la calle, un robo en un comercio o un asalto en el que el autor es sorprendido inmediatamente.

—¿Este sistema puede ayudar a evitar la acumulación de causas?

Ese es uno de los objetivos. Hoy existe un problema importante que es la reiterancia. Hay personas que delinquen continuamente y, como el sistema no logra dar una respuesta inmediata, se van acumulando causas. Lo que se busca con este sistema es tratar de atacar esa situación y brindar una respuesta más rápida, siempre respetando las garantías del proceso.

—¿Cómo impacta esta reforma en la relación entre la justicia y la comunidad?

La ciudadanía espera una justicia que funcione bien y en tiempos razonables. Este tipo de reformas apuntan justamente a mejorar la capacidad de respuesta del sistema. Además, se complementa con el concepto de territorialidad, que busca que los funcionarios tengan mayor conocimiento de las problemáticas de cada zona.

—¿Cómo se abordarán los casos en los que estén involucrados niños, niñas o adolescentes?

 En esos casos habrá un tratamiento diferencial para los supuestos que involucren a niños, niñas y adolescentes, mediante procesos de trabajo específicos y condiciones de actuación acordes a su especial situación de vulnerabilidad.

—¿Qué tipo de casos predominan hoy en su fiscalía?

Ampliamente violencia familiar y violencia de género. No son lo mismo, pero muchas veces van de la mano. En los últimos meses los números se han incrementado y eso también exige que el sistema tenga mayor capacidad de intervención.

—¿Cuál es su mirada respecto al nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otras cosas, reduce la edad de imputabilidad a los 14 años?

No quiero dar una opinión apresurada, porque todavía no tengo bien estudiado cómo quedó la ley. Tengo conocimiento de las propuestas que se venían haciendo, pero no sé si efectivamente esto va a traer más seguridad o bajar los índices de inseguridad de manera inmediata. No lo creo. Pero sí se corresponde con un reclamo que viene planteando la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Entonces, si esto es una respuesta a ese reclamo, creo que tenemos que ver con buenos ojos la modificación.