Juicio político y capital simbólico
El juicio político a la Corte Suprema significará una nueva derrota para un presidente que supone que, con este tipo de anuncios, se legitima frente a una realidad cada vez más esquiva a sus intereses.
El presidente Alberto Fernández comunicó su intención de pedir el juicio político del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y también de los restantes miembros del máximo tribunal, junto con el apoyo de los gobernadores. "Es algo de lo que estoy convencido", agregó en una entrevista.
Dijo que esta decisión no fue consultada con la vicepresidenta de la Nación y recordó que "durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite". Además, trazó una comparación con el máximo tribunal brasileño. "Lula le agradeció a la Corte Suprema por haber tenido la capacidad de revisar los propios fallos", indicó. Y agregó: "Esperaba que la Justicia pudiera hacer algo parecido". Aludió así a la anulación de la sentencia contra Lula en 2019.
La iniciativa del juicio político va camino al fracaso. Los números en el Congreso no son favorables para alcanzar los votos necesarios con los que se pueda iniciar el proceso. Muchos analistas se preguntan, entonces, qué mueve al presidente a lanzar esta propuesta que no llegará a plasmarse en la realidad. Las respuestas al interrogante se deslizan por las más variadas sendas de la discusión política. Aunque todas parecen coincidir en que la lucha verbal contra la Justicia es el émbolo generador de una toma de posición que pretendería mantener el capital simbólico de la alianza que hoy gobierna el país.
Mientras va y viene con sus decisiones, el primer mandatario fundamenta su propuesta en supuestos chats filtrados entre jueces, empresarios, fiscales y funcionarios porteños a Lago Escondido, como motivo para sostener su embestida contra la cúpula de la Justicia argentina. "Hemos visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía", dijo. No obstante, más allá de que los personajes involucrados en el caso deberían salir a dar explicaciones concretas, el avance contra el máximo tribunal de Justicia del país se enmarca en aquel intento de conformar a los propios. No a todos. Sí a los que piensan que el capital simbólico es el más importante a la hora de la lucha por el poder.
Ahora bien, ¿qué es el capital simbólico? Pierre Bourdieu, el destacado sociólogo francés, fue quien brindó pistas certeras para definirlo. Reflexionó que la lucha por el poder requiere de una "violencia simbólica", socialmente aceptable, que consiste en imponer significaciones, "en hacer creer y en hacer ver" para movilizar. El poder simbólico es el que se construye a través de la enunciación. Claro que el poder de las palabras no es absoluto. La violencia simbólica se ejerce sobre las personas que están dispuestas a creer a pie juntillas en ellas. Porque son constatables en la realidad o porque quien las pronuncia es capaz de generar credibilidad, aunque el contenido de la proclama sea falaz.
No se comprende cómo el primer mandatario todavía no entendió que su credibilidad está por el piso. Que sus permanentes contradicciones generaron derrotas políticas que minaron su capital simbólico, si es que alguna vez lo tuvo. Que sus palabras destinadas a "hacer creer y hacer ver" su punto de vista sobre la realidad política ni siquiera son tenidas en cuenta por los militantes de su facción política.
Más allá de la mirada política que se tenga sobre el accionar de la Justicia, el juicio político a la Corte Suprema es una propuesta que significará una nueva derrota para un presidente que supone que, con este tipo de anuncios, se legitima frente parte de la sociedad, en especial frente a la vorágine desplegada por sectores del frente gobernante para pertrecharse frente a una realidad cada vez más esquiva a sus intereses
