Investigar hasta las últimas consecuencias

Mientras no habían terminado de definirse las denuncias que involucraron a varios jefes policiales de Río Cuarto por supuesta complicidad con el narcotráfico, otro suceso puntual volvió a poner en jaque a la fuerza de seguridad provincial, esta vez en San Francisco.

Las serias heridas que recibió un joven causa de golpes que le habrían propinado un par de policías determinaron que fuese sometido a una cirugía para extirparle un testículo. La víctima se recupera en una clínica y pide justicia, "que aparten a esta gente" de la fuerza.

Este episodio ocurrido en la sede de la Unidad Departamental San Justo resonó con fuerza en toda nuestra comunidad. Es que esta conducta policial lejos está de ser la deseable. Es más, pone en difícil situación a todo el organismo y plantea evidentes reparos en torno a la idoneidad de algunos de sus miembros para cumplir con la crucial misión que se les confiere. La lógica repercusión pública del hecho agiganta la necesidad de esclarecerlo de manera urgente.

Además, este suceso, que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias para que los responsables tengan la sanción que corresponde, se inscribe en prácticas aberrantes que no se condicen con la institucionalidad democrática, con la vigencia del Estado de Derecho y con el respeto a las garantías constitucionales. Todo indica que se está frente a un caso de abuso policial de magnitud impensada en estos tiempos, lo que establece además serias dudas en torno al proceso de selección y formación de los agentes. 

Es verdad que los efectivos policiales viven circunstancias muy difíciles ante la agresividad social y también de indefensión en determinados ámbitos como consecuencia de la inacción judicial y de ciertas ideologías que priorizan lo que se denomina "garantismo". Sin embargo, es injustificable incluso en esta realidad que uniformados utilicen métodos propios de regímenes totalitarios. El propio joven que fue víctima de esta agresión fue quien, en un gesto destacable, remarcó que quienes lo agredieron "le hacen un mal a la institución"  y expresó con claridad que "no todos los policías son iguales, tengo muchos amigos policías y hay gente muy buena ahí".

La Justicia tendrá la última palabra para establecer las responsabilidades del caso. Pero las autoridades policiales deben asumir un desafío incluso mayor. Porque si la violencia irracional es también patrimonio de algunos efectivos, la función de seguridad está seriamente comprometida. No todos los policías son iguales. Es verdad. Pero, debe comprenderse que si este hecho ocurrió tal como se lo relata, el daño a la institución es enorme y llevará tiempo restaurarlo.