Inversión de valores en caso de abuso sexual

Ha generado conmoción la posibilidad de que se haya cometido un abuso sexual contra una estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires que participó de las tomas "solidarias" contra la reforma del secundario impulsada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El revuelo tiene razones fundadas. Por un lado, es de extrema gravedad de que un alumno de cursos superiores -se afirma incluso que es mayor de edad- haya abusado de una compañera de menor edad, lo que constituye un delito execrable. El ámbito o las circunstancias en las que se produjo en nada modifican esta valoración compartida socialmente. Por el otro, las reacciones de algunas personas o entidades indirectamente involucradas evidencian desconocimiento, falta de solidaridad y valores subvertidos tanto en los adultos como en los jóvenes estudiantes.

Ante el menor indicio de que se hubiese producido este suceso, los padres de la menor y las autoridades del colegio no debieron dejar pasar un minuto para denunciarlo ante las autoridades judiciales correspondientes. Para peor, además de admitir que el suceso ocurrió, el Centro de Estudiantes del, quizás, más prestigioso colegio estatal del país emitió un comunicado en el que se observa con claridad la confusión que manifiestan muchos de los que seguramente en el futuro serán los dirigentes políticos y empresarios más importantes de este país.

Si los adultos y los estudiantes hubiesen pretendido, como afirman con énfasis, resguardar la identidad de la estudiante abusada, sólo tenían que formular la denuncia correspondiente para que el autor de este delito rinda cuentas a la Justicia. Del modo como actuaron sólo consiguieron agravar la terrible experiencia que una joven vive cuando sufre semejante atropello a su dignidad. Los adultos no denunciaron formalmente y los estudiantes le pidieron al abusador que no vaya más a la toma, a la vez que cuestionan la difusión pública del hecho debido a que desvirtúa los motivos de su protesta.

Tan grave confusión, desconocimiento de la ley y alteración de las prioridades es un signo de alerta para toda la sociedad. Porque si los sectores más acomodados y con más posibilidades actúan así frente a un caso de abuso sexual contra una menor, de qué manera puede reclamarse que en otros ámbitos se denuncie inmediatamente este tipo de situaciones.

En nuestra provincia de Córdoba, por fortuna, existen disposiciones claras sobre cómo debe procederse en casos similares al ocurrido en el Colegio Nacional de Buenos Aires. La ley N° 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia establece, en su artículo 32°,  que "los miembros de los establecimientos educativos y de salud -públicos o privados- y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de los derechos de las niñas, niños o adolescentes debe comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión". Es decir, las autoridades de los colegios están obligadas a hacer las denuncias del caso y a proceder de acuerdo a un protocolo de intervención pues de lo contrario correrán sanciones administrativas e incluso judiciales.

Quizás en la Ciudad de Buenos Aires no exista una norma similar. Pero ello no es motivo para que no pueda calificarse como muy grave que el rector del colegio con más historia del país no haya actuado como debiera. Y también es demasiado serio que otros miembros de esa comunidad educativa manifiesten tanto desorden axiológico hasta el punto que les impida reconocer que la protección de la víctima es prioridad absoluta.