Imputabilidad: “Bajar la edad es solo el inicio, sin financiamiento la ley queda incompleta”

Tras la media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional por Córdoba Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), que votó a favor, defendió la iniciativa pero puso el foco en un punto clave: sin financiamiento y políticas de contención social, la reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Además, en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO se refirió al escenario que se abre en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, un tema que promete un nuevo y fuerte cruce político.

—Usted votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué lo llevó a acompañar esa medida?

Lo debatimos mucho dentro del bloque. Nuestra mirada fue fijar la edad en 14 años. El Gobierno nacional planteaba 13, pero había un consenso amplio en que fueran 14. Incluso lo hablamos con distintos sectores, como la Iglesia. La clave es que no sea una imputabilidad igual a la de un adulto: un chico de 14 años no puede ser tratado como alguien de 25 o 30.

—¿Qué plantearon concretamente en ese sentido?

Procesos judiciales diferenciados. Nosotros propusimos que la pena sea progresiva según la edad. Para los 14 años, el 50% de la condena; a los 15, dos tercios; y recién a los 16 y 17, un esquema similar al de los mayores. La idea es que no se aplique automáticamente la pena máxima del Código Penal de adultos.

—Desde sectores críticos sostienen que criminalizar más temprano no resuelve el problema de fondo.

El problema es mucho más profundo. Hoy vemos situaciones sociales muy complejas, sobre todo en las grandes ciudades. Chicos de 10, 11 o 12 años que están en la calle, sin contención del Estado. Cuando el Estado se retira, estas realidades se agravan. Por eso la ley no puede ser solo punitiva: tiene que ir acompañada de políticas sociales, educativas y de contención.

—Usted advirtió especialmente sobre el financiamiento.

Ese es el punto central. Esta es una ley nacional, pero la implementación queda en manos de las provincias. Hablamos de juzgados especializados, establecimientos adecuados, más personal, psicólogos, docentes. Todo eso cuesta dinero. Si Nación impulsa la ley pero se desentiende del financiamiento, el problema se traslada a las provincias.

—Córdoba ya está avanzando en infraestructura.

Sí, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento moderno para jóvenes con medidas privativas de la libertad. Solo la obra ronda los 18 mil millones de pesos, sin contar equipamiento ni personal. Para todo el país se hablaba de 23 mil millones: claramente no alcanza. Por eso decimos que hay que hacer las cosas bien, respetando estándares internacionales y pensando en la reinserción social.

—     Otro debate llega ahora a Diputados: la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto?

La reforma laboral hay que discutirla artículo por artículo. Creemos que hacen falta cambios, pero sin tocar derechos adquiridos. Nadie va a perder derechos. El desafío es adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar previsibilidad, especialmente a las pymes. Hay puntos con los que no estamos de acuerdo y que vamos a plantear en el recinto.

—¿Puede generar más empleo?

—No es mágica. Una reforma laboral por sí sola no va a bajar de golpe la informalidad. El empleo va a crecer cuando mejore la situación económica general. La reforma es una herramienta más, no la solución única.

—¿Se viene un año de tensiones con Nación?

Córdoba siempre recamará lo que le corresponde. No pide de más, pide lo que le corresponde. Subsidios al transporte, fondos para rutas, recursos coparticipables, la deuda con la Caja de Jubilaciones. Aportamos muchísimo y recibimos muy poco. Ese va a ser un eje permanente en el Congreso. Va a ser un año de debates fuertes. Pero nuestra postura es clara: defender a Córdoba y a los cordobeses. No resignar lo que es nuestro y discutir cada ley con responsabilidad, mirando el impacto real en la gente. Entre los principales puntos aparece la deuda previsional con la Caja, que el Estado nacional mantiene desde hace años por el incumplimiento de los acuerdos firmados para cubrir el déficit del sistema. A ese planteo se suma la discusión por los recursos que provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que grava, entre otros productos, el precio de la nafta. Una porción de ese tributo tiene asignación específica y debería volver a las provincias para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y políticas de transporte, pero esos fondos no están llegando en la magnitud prevista o directamente no se ejecutan. El impuesto a los combustibles impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, pero también es una fuente clave de financiamiento federal. La Nación sigue percibiendo el tributo mientras transfiere menos recursos, trasladando a las provincias el costo político y económico del deterioro de la infraestructura y del transporte. El ajuste fiscal nacional no puede sostenerse a partir de retenciones encubiertas sobre

mpuestos coparticipables.