Gremios estatales rechazaron la reforma previsional y advirtieron que el ajuste “recae sobre los trabajadores”

Tras una sesión maratónica y en medio de fuertes protestas, la Legislatura de Córdoba aprobó esta semana una reforma del sistema previsional provincial, impulsada por el oficialismo, que incluye la creación de un adicional no remunerativo para acercar los haberes jubilatorios al 82 %, la facultad del Ejecutivo para aumentar los aportes de los trabajadores activos hasta el 8 % y la declaración de la emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años.

La iniciativa fue sancionada junto con el Presupuesto provincial 2026, con los votos del bloque justicialista y aliados, mientras que la oposición votó en contra y cuestionó el alcance real de los cambios. Desde el Gobierno defendieron la norma como una herramienta necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, que arrastra un déficit estructural, mientras que los gremios estatales rechazaron la reforma por considerar que no restituye el 82 % móvil y traslada el costo del desequilibrio financiero a los trabajadores.

El nuevo esquema no incorpora el 82 % móvil al haber jubilatorio de manera permanente, sino que lo establece a través de un adicional sujeto a reglamentación. Además, habilita incrementos en los aportes personales de los activos, sin definir aún escalas ni bandas concretas, y mantiene artículos que generan controversia, como la posibilidad de transferir subsistemas previsionales a entidades gremiales y la facultad de adecuar el régimen provincial a eventuales reformas nacionales.

En ese contexto, referentes sindicales de distintos sectores expresaron su rechazo y advirtieron sobre el impacto de la ley en los salarios actuales y futuros.

 “Es una confiscación al bolsillo del trabajador”

Uno de los pronunciamientos más duros fue el de Víctor Lescano, dirigente del Suoem San Francisco y Zona, quien calificó la reforma como una “confiscación” de los ingresos de los empleados públicos.

“Esto es meterle nuevamente la mano en el bolsillo a todos los trabajadores estatales, tengan sueldos altos o bajos, para cubrir una deuda que está dibujada como insostenible”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial avance con mayores descuentos a los activos mientras —según sostuvo— evita reclamar con la misma firmeza los fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones.

Lescano también puso en duda la promesa de restitución del 82 %. “Primero hablaron de un 4 %, el día de la sesión lo llevaron hasta un 8 % y todavía no está reglamentado. El famoso 82 % es una mentira”, señaló, y advirtió que los empleados públicos “terminan siendo siempre el pato de la boda”.

Como alternativa, planteó que la Provincia debería exigir a los municipios el blanqueo de trabajadores en negro para mejorar el financiamiento del sistema previsional. “Hace 30 años que la Caja está intervenida por funcionarios provinciales y ahora pretenden que la sociedad sostenga un déficit que no generamos los trabajadores”, remarcó.

Reclamo por la deuda con la Nación

Desde el sector bancario, Marcos Quaglino, secretario general de la seccional San Francisco de La Bancaria, coincidió en que los trabajadores no son responsables del déficit previsional y apuntó al incumplimiento del Estado nacional.

“Los trabajadores no somos responsables del manejo de la Caja de Jubilaciones. La deuda que la Nación tiene con la provincia es una deuda con cada uno de los trabajadores que aportaron durante toda su vida activa”, afirmó.

En ese marco, consideró que el Gobierno de Córdoba debería profundizar el reclamo ante la Corte Suprema y sumar formalmente a las entidades gremiales. “Las medidas adoptadas en las últimas horas son un paliativo que no resuelve de fondo el problema de la Caja”, sostuvo.

Docentes: dudas sobre el 82 % y el impacto futuro

Por su parte, Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, advirtió que la reforma deja múltiples interrogantes abiertos y genera incertidumbre entre los trabajadores docentes.

“No está claro cómo se va a garantizar el 82 %, para quiénes, desde qué monto y tomando como parámetro qué salario”, señaló, y cuestionó la falta de definiciones sobre la aplicación de aportes de entre el 2 y el 8 %.

Cristalli alertó que, si esos descuentos impactan en el cálculo del haber jubilatorio, podrían reducir significativamente las futuras jubilaciones. “Hoy el cálculo para los docentes es el 82 del líquido, que es el 82 del 89. Si esto cambia, podríamos terminar con jubilaciones calculadas sobre el 85, el 84 o incluso menos”, explicó.

También expresó preocupación por otros artículos de la ley, como la posibilidad de aumentar aportes a APROSS, la falta de precisión sobre el tope para la aplicación del artículo 58 y la habilitación para transferir la administración de jubilaciones a sindicatos, lo que —según advirtió— “abre la puerta a una fragmentación del sistema o a una futura adecuación automática al régimen nacional”.

Un conflicto que continúa

Los gremios coincidieron en que la reforma no garantiza el 82 % móvil y consolida nuevas quitas y aportes sobre los salarios, tanto de trabajadores activos como de futuros jubilados. En ese marco, anticiparon que el tema seguirá siendo eje de conflicto y formará parte de las discusiones paritarias. “Hay muchas dudas, pocas certezas y un denominador común: el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores”, resumió Cristalli.