García Aresca aclaró: “Los créditos que obtuve son prendarios, no hipotecarios”

La controversia por el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores sumó un nuevo capítulo en los últimas horas, luego de que publicaciones incluyeran al diputado de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca, entre los dirigentes que habrían accedido a financiamiento.

Frente a estas versiones, el legislador oriundo de San Francisco salió a aclarar su situación y rechazó las interpretaciones que lo vinculan con posibles beneficios irregulares. En ese sentido, remarcó que los préstamos obtenidos no corresponden a líneas hipotecarias y que, en su mayoría, fueron otorgados por entidades privadas.

“Quiero aclarar que los créditos que obtuve nunca fueron hipotecarios, sí son prendarios, para capital de trabajo ligados a la actividad agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas”, sostuvo García Aresca en su cuenta de X. En la misma línea, agregó que “la información que brinda el Banco Central no discrimina la cualidad de los créditos”, lo que —según explicó— puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

El diputado también detalló el destino de los financiamientos, vinculándolos directamente con su actividad productiva. “Con John Deere por un tractor y una pulverizadora, reitero prendario; con banco Nación un crédito prendario adjudicado hace años para la compra de una fertilizadora”, precisó.

"En la actualidad, el sector agropecuario se encuentra en constante transformación gracias al avance tecnológico y la incorporación de maquinaria cada vez más eficiente. Esta evolución es indispensable para mejorar la productividad, optimizar el uso de los recursos y sostener la competitividad en un contexto cada vez más exigente. En este sentido, el acceso al crédito prendario se vuelve una herramienta clave para los productores - sostuvo García Aresca-. La posibilidad de financiar maquinaria, equipos e innovaciones tecnológicas permite acompañar este proceso de modernización, asegurando la continuidad y el crecimiento de la actividad".

"Dichos créditos son accesibles gracias al cumplimiento y al historial crediticio construido a lo largo del tiempo, lo que refleja responsabilidad financiera y compromiso con las obligaciones asumidas. Por lo tanto, la toma de créditos prendarios no constituye un endeudamiento aislado, sino una inversión estratégica orientada a fortalecer la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, en beneficio, no solo del productor, sino también de la economía nacional en su conjunto"? agregó.

Y afirmó: 'Continuaré recurriendo a este tipo de financiamiento como una herramienta necesaria para seguir incorporando tecnología, mejorar las condiciones de producción y sostener un proceso de crecimiento continuo dentro de la actividad".

La polémica se da en un contexto más amplio, a partir de una denuncia presentada por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien solicitó a la Justicia que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios y legisladores del oficialismo.

En su presentación, Frade advirtió sobre “la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos” respecto de créditos otorgados por el Banco Nación, que “podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas”. Por ello, pidió que se impulse una investigación penal para determinar si existieron beneficios indebidos o conflictos de interés.

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran funcionarios y legisladores que, según la información difundida, habrían recibido montos que oscilan entre los 100 y los 500 millones de pesos. Sin embargo, algunos de los involucrados, como los diputados Mario Campero y Alejandro Bongiovanni, rechazaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a los créditos, negando haber recibido trato preferencial.

Además, Frade solicitó que se requiera al Banco Nación la totalidad de los legajos crediticios de los involucrados, así como las actas de directorio en las que se aprobaron las operaciones. También pidió la intervención de peritos contadores para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad y si se respetaron las normativas vigentes.

En ese marco, la discusión continúa abierta mientras avanza el pedido de investigación, con el foco puesto en esclarecer las condiciones en que se otorgaron los créditos y descartar posibles irregularidades en el sistema financiero público.