Financiamiento político no transparente
El sistema de financiamiento de la actividad política es opaco por donde se lo mire. Hacer transparente la financiación de las campañas electorales y el modo cómo consiguen recursos las distintas agrupaciones es una necesidad republicana.
La transparencia es una antigua y no pagada deuda de la actividad política en la Argentina. La escasa claridad en el aporte de datos esenciales para conocer, por ejemplo, el financiamiento de las campañas electorales, ha sido una constante desde hace décadas. Y las sospechas sobre los manejos espurios en estos asuntos se mantienen vigentes, agigantadas ahora con las denuncias sobre falsos aportantes en los últimos procesos electorales.
Según el diario La Nación, las irregularidades denunciadas ahora alcanzan a "más de 7 mil personas que figuran como supuestos aportantes de millones de pesos, solo en las elecciones presidenciales de 2015 y legislativas de 2017, pero que en realidad nunca abrieron sus billeteras, carecen de patrimonio suficiente para afrontar esas donaciones o, peor aún, fueron usurpadas de sus nombres sin su autorización".
Ninguna agrupación está libre de culpa y cargo. Todas, en mayor o menor medida, hacen maniobras sospechosas para recaudar fondos. Pero, en este caso, las denuncias sobre Cambiemos han tenido mayor repercusión. Ello es lógico, porque el discurso de esta agrupación política proclamaba modificaciones sustanciales en el modo de hacer política, desde el mismo nombre de la alianza.
Por esto, es realmente grave que los equipos encargados de buscar fondos para Cambiemos en las campañas electorales últimas hayan armado en 2015 "una nómina de 2 mil personas que pusieron sus nombres, números de documento de identidad y firmas para admitir como dinero propio un porcentaje -el resto se gastó en negro- de las fortunas que aportaron empresarios que prefirieron seguir en el anonimato, según confirmaron miembros de ese equipo", afirma la investigación periodística. Que ha sido más firme aún con la presentación de numerosa documentación que hoy analiza la Justicia y que ha desatado repercusiones notorias especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Algo similar ocurrió con la campaña electoral del otro candidato que compitió en el balotaje de 2015. En este caso, en la lista de aportantes más del 70% era empleados públicos, más de 700 eran monotributistas de las categorías más bajas y varios se presentaron ante la Justicia cuando vieron sus nombres en la lista para negar su participación.
El sistema de financiamiento de la actividad política es opaco por donde se lo mire. Constituye un reclamo sostenido de la ciudadanía siempre ignorado por la dirigencia. Hacer transparente la financiación de las campañas electorales y el modo cómo consiguen recursos las distintas agrupaciones es una necesidad republicana. Porque no solo se viola flagrantemente la ley vigente, sino que también se le hace un daño enorme a la credibilidad ciudadana, ratificándose así la escasa estatura ética que domina el accionar político en este país.