Falsas amenazas en escuelas: la Provincia cobrará los operativos a los responsables

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que establece que quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que estas situaciones generan.

La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, dispone que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.

A partir de esta disposición, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico por parte de la Provincia.

El procedimiento indica que, una vez identificados los responsables, se realizará una cuantificación de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esos datos, el Estado avanzará con la intimación de pago y, en caso de ser necesario, con acciones judiciales para recuperar los costos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el alcance de la medida y el impacto de este tipo de hechos: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.

En ese sentido, remarcó que no se trata de situaciones menores, ya que generan consecuencias en la comunidad educativa. Estas conductas alteran el normal funcionamiento escolar, provocan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.

Además, el funcionario fue enfático al justificar la decisión de avanzar con el cobro de los operativos: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

El protocolo se implementará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el objetivo de garantizar su aplicación efectiva.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas, al tiempo que busca desalentar las falsas amenazas y reforzar la seguridad en los entornos educativos.