Falsas amenazas de bomba: el impacto real de una llamada que puede costar millones

Por Cecilia Castagno | LVSJ 

En un lapso de tres días, San Francisco registró dos amenazas de bomba que generaron preocupación y motivaron operativos preventivos de la Policía. Aunque las inspecciones realizadas descartaron la presencia de artefactos explosivos, los llamados activaron protocolos de seguridad y movilizaron recursos de distintas áreas del sistema de emergencias.

Estos episodios reavivaron el debate sobre el impacto que provocan las falsas alarmas. Cada advertencia obliga a desplegar personal policial, coordinar acciones con otras instituciones y analizar la situación como si el peligro fuera real hasta descartar cualquier riesgo. Además de la inquietud que se genera entre quienes se encuentran en los lugares afectados, también se altera el funcionamiento de actividades y servicios.

LA VOZ DE SAN JUSTO entrevistó al comisario José Luis Martel, coordinador de la Brigada de Explosivos Norte y Sur de la Policía de la Provincia de Córdoba, quien explicó cómo actúa la unidad especializada y cuáles son las consecuencias que tienen estas amenazas.

-          ¿Cuál es el rol específico de la Brigada de Explosivos dentro de la Policía y en qué tipo de situaciones interviene?

Intervenimos en todo aquello que tenga que ver con la palabra explosivo, o sea, amenaza de bomba, restos de explosivos que se encuentren, todo lo que intervenga con explosivos, ya sea en la prevención o en la ejecución de la acción. Siempre vamos a tratar del resguardo de la vida y de los bienes.

-          ¿Con qué frecuencia reciben alertas o intervenciones vinculadas a explosivos o amenazas de bomba?

En el ámbito de la Departamental San Justo específicamente no han sido muchas. En estos últimos dos años hemos tenido tres llamadas. Hacía aproximadamente un año que no se registraban episodios de este tipo en la región. En la provincia en general estamos manejando alrededor de 70 u 80 intervenciones por año.

-          ¿Qué tipo de capacitación reciben los integrantes de la brigada para actuar en este tipo de emergencias?

Primero se tiene que ser policía y tener cierta antigüedad dentro de la institución. Luego se realiza un curso interno que dura aproximadamente tres meses. En esa capacitación intensiva se abordan artefactos explosivos reglamentarios de uso militar, explosivos no reglamentarios y los protocolos de intervención. Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar.

“Siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Pedimos responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911”

 

Martel explicó que el protocolo vigente es el número 7201 del año 2020, que establece diferentes procedimientos según la situación. “Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar, tratando de siempre llevar tranquilidad y hacerlo lo más organizado posible”, indicó.

-          ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una institución o una persona que recibe una amenaza de este tipo?

Lo primero es mantener la calma, tratar de ser organizados y dar aviso a la Policía al 911. A partir de allí nosotros somos informados por la Departamental y nos dirigimos al lugar.

El comisario también remarcó que la difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos. “Cuando la información empieza a circular por grupos de WhatsApp, muchas personas se acercan al lugar o intentan retirar a familiares y eso genera desorden interno que puede afectar el trabajo que tenemos que realizar”, advirtió.

-          ¿Cuál es el protocolo que se activa cuando se recibe una amenaza de bomba en un edificio público o institución?

Cada intervención se evalúa de acuerdo con el contexto. No es lo mismo recibir la llamada antes, durante o después de un evento. También analizamos cuál puede ser la intención del llamado.

Por ese motivo, Martel aclaró que no siempre se aplican evacuaciones totales. “Podemos hacer evacuaciones parciales dentro del mismo edificio o incluso no evacuar. Todo depende de la información que tengamos y de la evaluación del riesgo”, agregó.

-          ¿Cómo se determina si una amenaza es real o se trata de una falsa alarma?

Por protocolo siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Lo que cambia es la forma en que se organiza la evacuación o la revisión del lugar.

-          ¿Qué errores suelen cometer las personas en estas situaciones y que deberían evitarse?

El error más grande es tomar la decisión de evacuar todo el lugar o suspender actividades sin antes consultar cómo se debe actuar. También influye mucho el manejo de la información en redes sociales, que muchas veces genera más confusión o desorden.

Consecuencias legales

Además del impacto operativo y social, las falsas amenazas pueden derivar en sanciones penales. Martel recordó que el Código Penal contempla estas situaciones dentro del delito de intimidación pública.

“El artículo 211 habla de infundir temor público mediante amenazas o alertas de peligro común. Si se trata de una falsa amenaza de bomba y no hay explosivos, la pena puede ir de dos a seis años de prisión. Si existe un artefacto explosivo, el agravante puede llevar la pena de tres a diez años”, dijo.

-          ¿Las falsas alarmas generan un desgaste operativo para la brigada?

Sí, porque no solamente interviene la policía. También participan defensa civil, tránsito, centros asistenciales y bomberos. En ciudades grandes, una amenaza de bomba en el centro puede implicar millones de pesos en recursos movilizados por una sola llamada. Estos operativos obligan a desplegar personal preventivo, realizar cortes de calles y preparar dispositivos sanitarios ante la posibilidad de que haya heridos. Todo el sistema de emergencias se pone en funcionamiento para evitar mayores daños.

“La difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos y afectar el trabajo de la brigada”

Hallazgo de artefactos explosivos

Martel también alertó sobre otro fenómeno que preocupa a las autoridades. Durante 2025 la Brigada de Explosivos registró un aumento de intervenciones vinculadas al hallazgo de artefactos explosivos en la vía pública o en domicilios particulares.

 “En muchos casos se trata de elementos de origen militar que llegaron a manos de particulares. Algunas personas los conservan como recuerdo o como adorno, creyendo que están inertes, pero no siempre es así”, sostuvo.

Según explicó, con el paso del tiempo algunos de esos objetos terminan siendo abandonados o entregados a la Policía para su desactivación. “Muchos creen que si llaman para informar que encontraron explosivos en sus casas serán penalizados por la ley, y no es así. Siempre recomendamos que llamen e informen para evitar complicaciones y realizar una extracción correcta”, añadió.

-          ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad?

En San Francisco se cuenta con personal de nuestra división para tratar de responder lo más rápido posible y dar tranquilidad. También se están realizando investigaciones para determinar el origen de las llamadas. Lo que pedimos es responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911.

El impacto de estas amenazas no se limita al momento del operativo. Cada llamado obliga a reorganizar recursos policiales y de emergencia que podrían estar destinados a otras situaciones reales. El comisario recalcó que, aunque muchas veces los llamados se realizan como bromas o con la intención de generar una interrupción en una actividad, las consecuencias son reales. Cada amenaza es tratada como un posible hecho grave hasta que los especialistas finalizan el procedimiento.

La activación de estos protocolos también genera incertidumbre en la ciudadanía. Por eso, desde la Policía insisten en la importancia de la responsabilidad social y del manejo prudente de la información.