Fallo histórico: el fiscal Viaut fue condenado a 5 años de prisión por corrupción
El fiscal federal de San Francisco fue hallado culpable de los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias como protagonista de un escándalo de corrupción judicial sin precedentes en Córdoba. También fueron condenados -aunque con prisión de ejecución condicional- Darío Rivarola, a 3 años; Walter Fattore y Gerardo Panero, a 6 meses y Víctor Brugnoni a 2 años. Viaut deberá pagar un multa de 6 millones de pesos y queda perpetuamente inhabilitado para ejercer cargos públicos.
En el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de Córdoba condenó al fiscal federal de
San Francisco Luis María Viaut a 5 años, inhabilitación perpetua para ejercer
cargos públicos y una multa de 6 millones de pesos hallarlo al responsable de
los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. La fiscalía había
pedido 7 años. Sin embargo, no irá a la cárcel hasta que la condena quede
firme. No obstante, el
fallo constituye un hecho sin precedentes en la provincia entorno a un hecho de
corrupción en la justicia. Por cobrar sobornos
para frenar investigaciones y ejercer influencia para intervenir en causas en curso
en la justicia ordinaria, las condenas para el resto de los imputados fue la
siguiente: el ordenanza de la fiscalía, Darío "Paco" Rivarola fue sentenciado a
3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para
ejercer cargos públicos y una multa de 4 millones de pesos al ser encontrado
culpable del delito de concusión agravada y tráfico de influencias; Gerardo "Coco"
Panero y a Walter Gustavo Fattore a 6 meses de cárcel de ejecución condicional,
ambos como partícipes secundarios de tráfico de influencias mientras que Víctor
Hugo Brugnoni fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por
cohecho activo, esto esesto es ofrecer dádivas a un funcionario público
para que haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Los alegatos
La etapa de alegatos continuó este martes, ya habían hecho sus solicitudes de pena la querella y la fiscalía, restando así los abogados de los imputados que lo hicieron hoy.
El defensor de Viaut, Tristán Gavier, solicitó la absolución de su cliente. En tanto que Rodrigo Altamira, defensor público oficial de Rivarola, pidió para él que se aplique una pena sensiblemente inferior a la pena solicitada por la fiscalía -que había sido 3 años de prisión en suspenso- y que se la encuadre en el delito de estafa cuya pena es más baja que la requerida, es decir, se la encuadre en otro delito.
Por su parte, Luis Moyano, defensor de Panero, solicitó para él xxxxx;
Rodrigo Ranz, defensor de Fattore, pidióla absolución de su defendido argumentando que no se configura el tipo penal. Asimismo, cuestionó la multa solicitada por la parte acusatoria indicando que las cifras de dinero secuestradas no correspondían al monto abonado por Brugnoni y pidió la restitución de la plata incautada.
Mientras tanto, Felipe Trucco, defensor de Brugnoni, pidió su absolución al indicar que "es evidente que fue engañado y estafado para obtener beneficio. Fue víctima de esta maniobra. Los demás imputados se rieron de él. Mi cliente reconoció y asumió los hechos, efectuó el pago, es cierto, pero no cometió ningún ilícito", afirmó.
"Las conclusiones de la fiscalía son erróneas, porque el cohecho activo hace a la conducta de los corruptores, es decir a los terceros que inducen a funcionarios mediante la oferta, promesa o entrega de dádivas. Pero en este caso no fue Brugnoni el que buscó pagar la coima, quien ha ido a incitar a corromper al funcionario público sino que él ha sido provocado, solo aceptó", señaló el abogado.
"Burgnoni tenía un hijo preso acusado de abuso sexual, con una prisión preventiva que había sido apelada. Para él, la imputación y privación de libertad de su hijo era absolutamente injusta".
En otro planteo técnico, Trucco citó que "la influencia debe ser real, existente, cosa que no ocurría en este caso", por lo que "el hecho podía constituir en una estafa. De ninguna de las escuchas (que involucran a Brugnoni) surge cuál iba a ser la maniobra, son todas apreciaciones abstractas que evidencian la inexistencia de influencia".
Así fue el momento en que se conoció la sentencia:
El defensor de Viaut solicitó la absolución su cliente en los dos cargos que se le imputan. En cuanto al delito de concusión agravada, según alegó, no se comprobó la participación del fiscal, además indicó que de la investigación surgieron indicios pero no pruebas para incriminar a Viaut, habló de "solo rumores". En cuanto a la confesión de los otros imputados que se asumieron culpables y reconocieron la prueba, Gavier consideró que la misa no demostraba los delitos, porque la confesión de una parte no puede acreditar un hecho que hizo otra persona. También apoyó su relato en lo atestiguado por empelados de la Fiscalía que narraron que nunca vieron "algo raro en la fiscalía desde 2009 en que comenzó a funcionar" negando que se haya tramitado una causa contra la cooperativa Las Cañitas (El Tío). Si bien admitió que Viaut se comunicaba a toda hora con Rivarola y otros empleados de la dependencia judicial, en el expediente de la causa por el supuesto pedido de coima al gerente de la cooperativa, Pablo González, las escuchas revelan los cruces de llamadas telefónicas entre Viaut y Rivarola pero no el contenido de las mismas en los días en que se habría cometido el hecho. El defensor además exigió una lista "sábana" con las llamadas de Viaut y refutó las pruebas que alegaron la querella y la fiscalía en cuanto que el fiscal ejecutaba la orden a Rivarola para pedir sobornos. Sobre el segundo delito, tráfico de influencias, Gavier ratificó lo que había declaro Viaut negando el llamado a la fiscal de Bell Ville Isabel Reyna para conocer el avance de una causa por abuso sexual en la que estaba detenido el hijo de Brugnoni. "No está comprobado que quien llamó haya sido él", dijo el defensor. Con esto, Gavier defendió la inocencia de Viaut y aseguró que no actuó de manera ilícita. Recordemos que en su carácter de querellante Juan B. Alberione había solicitado penas en función del delito de concusión agravada. El profesional pidió para Rivarola 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; en relación a Viaut instó a que el tribunal lo condene a 4 años de prisión efectiva, 6 años de inhabilitación y que se le exija un curso de perspectiva de género. El alegato de la Fiscalía estuvo a cargo de Carlos Gonella y María Marta Schianni uno por cada delito. Pidieron para Rivarola 3 años de prisión en suspenso, imponer una acción a favor del bien público, una multa económica de 20.000 pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Viaut solicitaron que se lo condene a 7 años de prisión efectiva, una multa de 51.300 dólares, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que la mitad del dinero secuestrado en la fiscalía (8.900 dólares) sea destinado a las asociaciones civiles La Virgencita de San Francisco y La Amistad de Frontera en partes iguales. En tanto que los $ 869.550 secuestrados en la fiscalía y en la casa de uno de los imputados señalaron que se destine a un club de El Tío. En el caso de Fattore y Panero pidieron una condena, pero no como partícipes necesarios sino secundarios necesarios debido al tráfico de influencias agravado del que se los acusa. Esto significaría la imposición de seis meses de prisión en calidad de condicional y una multa de $50.000. Finalmente, a Brugnoni en virtud de la calificación de cohecho activo agravado solicitaron 2 años de prisión de ejecución condicional e imponer una acción a favor del bien público con costas. Qué alegó la defensa de Viaut para pedir su absolución
Qué penas había pedido la fiscalía
Trama delictiva
De acuerdo a la acusación, Rivarola mantuvo una primera reunión con Pablo González de la cooperativa, donde se presentó como miembro de la Fiscalía Federal y se informó sobre la investigación en curso.
Más tarde, a través de una persona en común, hizo llegarle al hombre el monto requerido y al día siguiente mantuvieron una nueva reunión. En un último encuentro Rivarola les exhibió documentación que involucraba al gerente, con la finalidad de persuadirlo para que abonase la suma solicitada.
En el segundo de los hechos, Brugnoni por medio de Fattore y Panero, se contactó con Rivarola y Viaut para solicitarles que ejerciesen las influencias sobre quienes llevaban a cabo la investigación penal en contra de su hijo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que tramitaba en la Fiscalía de Instrucción y Familia del turno 2 de Bell Ville.
El 26 de agosto de ese año, Viaut se comunicó telefónicamente con Rivarola y lo puso al tanto de la intención de Brugnoni de abonarles la suma de 250 mil dólares, de los cuales gran porcentaje sería repartido entre los dos y presuntamente un porcentaje mejor serían entregados a Panero y Fattore.
Rivarola se encargó de comunicarse mediante una llamada con Brugnoni para coordinar encuentros para establecer la modalidad de pago.
El 21 de septiembre de 2020, Viaut se comunicó telefónicamente con Rivarola y le informó que Panero había realizado gestiones para cobrarle a Brugnoni una parte en función de beneficios parciales; luego le consultó al fiscal el monto que debía cobrarle a Brugnoni, y el fiscal le indicó en código la suma.
De ahí que Panero y Fattore se comunicaron de nuevo con Brugnoni para decirle esa suma y les pagaría el equivalente en dólares, quedando pendiente una entrega mayor en caso de que lograsen obtener la libertad de su hijo.
El 1 de diciembre de 2020, a partir de allanamientos ordenados en la causa, se hallaron en la Fiscalía Federal de San Francisco 843.500 pesos y 8.900 dólares que serían resultado de las gestiones ilícitas realizadas por Viaut y Rivarola, cuyos teléfonos celulares, desde donde coordinaban las cosas también fueron secuestrados.
Para la Fiscalía, Rivarola no operaba sin que Viaut supiera porque éste era quien decidía en qué casos se iban a efectuar los requerimientos ilegales, a quién se le haría, las promesas, les daba instrucciones y se le notificaba cuando se consumaban.
Este proceso ha hecho historia porque es la primera vez que un fiscal federal de Córdoba es sometido a juicio por delitos comunes asociados a la corrupción, algo que se profundizará si hay una condena la semana entrante.
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