Facturas truchas: la defensa de uno de los imputados pedirá la nulidad de la investigación
Denuncian "un marcado desconocimiento por parte de los operadores judiciales intervinientes, del conjunto de normas que regulan los tributos" y además, que hubo persecuisión "producto de la voracidad fiscal".
El año 2020 será recordado por la pandemia pero también por causas resonantes en la Justicia Federal de San Francisco, como la investigación de la conformación de una usina de facturas truchas para evadir impuestos y la creación de empresas fantasmas.
El año también dejó un fiscal imputado por supuestas "exacciones ilegales, tráfico de influencias y cohecho activo" y la polémica por las facultades jurisdiccionales de un juez federal.
Estos temas fueron abordados Darío Atilio Brussini, socio del estudio Saleme Murad, abogado tributarista y codefensor del contador Miguel Ángel Montali, imputado en la llamada "causa de las facturas truchas".
Repasó asimismo los aspectos tributarios puntuales sobre los que se basa la acusación.
En ese sentido, Brussini identificó "un marcado desconocimiento por parte de los operadores judiciales intervinientes, del conjunto de normas que regulan los tributos".
"La primera de las causas con mayor repercusión mediática que aparece en escena es la llamada causa de las 'facturas truchas', que se hace visible el 31 de agosto del año pasado con más de 90 allanamientos simultáneos en diferentes ciudades de al menos siete provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y por el Juzgado Federal de San Francisco, a pedido de dos fiscalías de Córdoba capital y la fiscalía de San Francisco a cargo de Luis María Viaut", recordó Brussini.
"Se trata de una causa por delitos de índole económico, más precisamente de delitos fiscales (se investiga una presunta asociación ilícita fiscal), que requieren un conocimiento técnico específico en materia impositiva. Debo remarcar que desde el primer contacto con la causa he podido vislumbrar un marcado desconocimiento por parte de los operadores judiciales intervinientes, del conjunto de normas que regulan los tributos en sus diferentes aspectos, en particular sobre la criminalidad económica organizada en la forma en que lo establece el régimen penal tributario, la necesaria interrelación que debe existir entre el hecho imponible y el hecho punible, y sobre todo, cuál es el rol que cumplen los profesionales en ciencias económicas frente a determinados hechos concretos de sus clientes que pueden llegar a constituir un ilícito fiscal (en el caso, la utilización de crédito fiscal en sus declaraciones juradas que,a posteriori, Afip considera apócrifo al incorporar a tal o cual proveedor en una arbitraria y caprichosa base denominada eApoc) siempre que se superen los umbrales mínimos de punibilidad que establece la ley, y de allí concluir que el contador es partícipe de tal o cual maniobra, derivado de un silogismo claramente erróneo por la falsedad de la premisa, léase, que "detrás de cada evasor, hay un contador", se explayó el abogado.
Brussini dijo que esto "plantea la existencia de un riesgo cierto consistente en la absurda interpretación, que considere al texto vigente del art. 15 inc. C del Régimen Penal Tributario (Art. 279 de la Ley 27.430), esto es, la figura de la 'asociación ilícita fiscal' como una aplicación delversare in re illicitay por tanto, contraria al principio de culpabilidad".
"No hubo investigación alguna"
Consultado sobre si cree que existió alguna irregularidad en la investigación, el abogado sostuvo que "la simple lectura del expediente indica que directamente no hubo investigación alguna por parte de la fiscalía de San Francisco".
Asimismo, Brussini acusó a Viaut de "persecutoria producto de la voracidad fiscal".
En el caso particular de Montali, "Viaut, tal como lo declaró a la prensa cuando se inició la investigación en su contra por supuestas coimas, lo único que hizo en la requisitoria fiscal fue uncopy-paste de los informes de investigación de Afip, los cuales, a propósito, están plagados de errores y contradicciones muy graves que demuestran una clara intención persecutoria producto de la voracidad fiscal".
Y mencionó lo que a su entender es una situación "absolutamente falsa e injusta: a nuestro defendido se lo acusa de haber computado facturas que habían sido clonadas o mellizas, sin embargo, en noviembre de 2018, el fisco nacional descartó la hipótesis utilización de facturación melliza. Este informe final de inspección, junto a otros cuatro informes de inspecciones realizadas a nuestro defendido y a más de 300 fojas de prueba documental ofrecidas por nuestra parte que ya se encuentran incorporadas a la causa, pero que por razones de 'complejidad' y lentitud del Poder Judicial, aún no han sido evaluadas por el nuevo juez federal interviniente, dejan en evidencia un sinnúmero de irregularidades, yerros y falsedades de los informes de Afip y de la acusación de la Fiscalía, y que luego, la lentitud en resolver nuestros planteos, resulta una aplicación efectiva de aquel aforismo que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver".
Para el abogado de Montali "este es sólo uno de los tantos puntos endebles de la acusación, sin dejar de mencionar que ha quedado descartado mediante el allanamiento realizado a nuestro defendido que desde la consultora que dirige, se haya materializado la emisión de facturación apócrifa alguna (no coincide el número de I.P. de la consultora con el que informa Afip)".
"No hay dudas de que la fiscalía de San Francisco no ha efectuado una investigación seria y conducente y ello pone en tela de juicio la veracidad de sus acusaciones", insistió Brussini.
Polémica por plazos del mandato de Montesi
Además, dijo que días atrás "hemos tomado conocimiento de una irregularidad de índole procesal muy grave en cuanto a losplazos en los que se cubrió la vacancia en el Juzgado Federal de San Francisco, ya que el juez Pablo Montesi finalizó la subrogancia el 3 de diciembre, cuando la Cámara Federal designó a Roque Rebak, pero en septiembre se habían cumplido dos años desde que asumió. No considero una exageración calificarla de violatoria de derechos y garantías constitucional y convencionalmente amparados como ser las garantías de juez natural, debido proceso y defensa en juicio, así como los derechos fundamentales a la libertad, la igualdad, la propiedad, y a ejercer industria lícita", opinó.
"Me refiero concretamente al nombramiento, capacidad, constitución e intervención de Montesi en su carácter de juez federal subrogante de San Francisco, durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y 3 de diciembre de 2020, intervalo durante el cual se encontraba vencida su subrogancia excediendo con creces el plazo máximo legal y aun así, continuó en su cargo como si nada hubiera sucedido y peor aún, dictó una resolución -auto de procesamiento con prisión preventiva- en contra de Montali, sin capacidad legal para hacerlo (sin jurisdicción en sentido técnico) violentado gravemente las normas constitucionales".
Brussini aseguró que analizaefectua un planteo de nulidad de la causa. "Montesi debió haber cesado en el cargo el 1 de septiembre. Había asumido el cargo el31 de agosto de 2018. El plazo de subrogancia es de un año prorrogable por otro año más, siempre que haya una causal justificada, pero a cuyo vencimiento (cumplidos los dos años) no existe posibilidad de una nueva prórroga, produciéndose la caducidad de pleno derecho (esto es, sin necesidad de resolución alguna que así lo disponga), previéndose la nulidad de todas las actuaciones posteriores a dicha fecha, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder".
Entonces, "se han avasallado las normas constitucionales, como la garantía del juez, natural y debido proceso, y en el caso particular de nuestro defendido, el derecho a la libertad, a la propiedad, al honor y la dignidad de la persona como derechos humanos personalísimos", consideró.
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