Con la publicación de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público que dio origen al programa Pro.Cre.Ar. La medida se enmarca en el Decreto 1018/2024 y tiene como objetivo, según el Ejecutivo, “transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”, traspasando la gestión de los créditos al Banco Hipotecario S.A. En este contexto, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Ángeles Legisa, exdirectora de Desarrollos Habitacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para conocer su visión sobre el impacto de esta decisión, particularmente en San Francisco.

La resolución oficial señala que el programa representaba una “pesada carga” para las cuentas del Estado y enumera observaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), entre ellas demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos contractuales y falta de condiciones de habitabilidad. A partir de ahora, la administración de los créditos otorgados continuará bajo un nuevo contrato con el Banco Hipotecario.

Sin embargo, Legisa manifestó su profunda preocupación por la medida. “Recibí la noticia con muchísima tristeza. Procrear fue uno de los planes de vivienda más ejemplares en la historia de las políticas públicas en nuestro país”, afirmó.

La exfuncionaria defendió el programa y destacó que a lo largo de sus 12 años de vigencia alcanzó a más de 500.000 familias en todo el país, con soluciones habitacionales que incluyeron mejoramientos, ampliaciones, construcción en lote propio o de familiares y desarrollos urbanísticos con viviendas llave en mano.

“En San Francisco, por ejemplo, se construyó un barrio de 432 viviendas, que fue entregado a través de sorteos públicos. A diciembre de 2023, cuando dejamos la gestión, quedaban unas 40 viviendas por entregar, pero ya estaban prácticamente todas asignadas”, detalló. Según indicó, el barrio “debería estar hoy completo con todas las familias viviendo allí”.

Además del desarrollo urbanístico local, Legisa indicó que en San Francisco se otorgaron unos 200 créditos de construcción, que deberían haber generado otras tantas viviendas nuevas en la ciudad. “Si los beneficiarios recibieron en tiempo y forma los desembolsos, esas casas ya deberían estar terminadas”, agregó.

Entre sus principales argumentos en defensa del programa, resaltó el carácter inclusivo y federal del Procrear. “Fue un programa pensado para acompañar a los trabajadores. No sólo les permitía acceder a una vivienda, sino que también generaba empleo directo e indirecto. En los últimos cuatro años se estiman unos 350.000 puestos de trabajo generados en todo el país”, subrayó.

Sobre el informe de la SIGEN que fundamenta parte de la disolución, Legisa respondió que “los informes eran anuales” y que “el último que tenemos no refleja lo que dice el decreto”. Aseguró que en la gestión del período 2020-2023 se trabajó intensamente para resolver las demoras en las entregas, mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar que las viviendas fueran entregadas en óptimas condiciones.

“El programa era virtuoso en tanto combinaba inversión pública con recuperación a través del pago de los créditos. Además, la cartera no presentaba morosidad significativa, lo que lo hacía sustentable en el tiempo”, expresó.

En relación con el nuevo modelo de adjudicación que impulsa el actual gobierno, que propone la venta de viviendas a valor de mercado, Legisa opinó: “No tengo claro cómo se van a ofertar esas viviendas. Claramente va en contra del espíritu del programa. Procrear históricamente funcionó con sorteos públicos abiertos, con cupos para inquilinos, hogares monoparentales, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Era un sistema transparente, con igualdad de oportunidades”.

Finalmente, consideró que la disolución del fondo y el contrato con el Banco Hipotecario “no están pensados en función del recupero de la inversión realizada”, sino en “cerrar definitivamente el programa, priorizando intereses privados”. Y concluyó: “Procrear fue sostenido incluso durante el gobierno de Mauricio Macri. Su cierre es una señal clara de que no se busca sostener ninguna política pública vinculada a la vivienda, la obra pública o el acompañamiento a los trabajadores”.