Análisis
Endeble justificación de una tara institucional
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La defensa de las candidaturas testimoniales en Buenos Aires es otro signo de un persistente deterioro institucional: lo que es legal no siempre es legítimo ni ético. El uso reiterado de estas maniobras desnaturaliza el voto ciudadano y degrada la representación democrática, transformando la política en simulacro.
Suelto de lengua y con tono desafiante, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, defendió con llamativa liviandad la estrategia de la agrupación Fuerza Patria en torno a las candidaturas testimoniales para las elecciones del próximo 7 de septiembre. El funcionario justificó esta maniobra afirmando que “se ha hecho miles de veces” y además “lo hicimos de frente a la gente”. Dijo el ministro que “ha sucedido muchísimas veces en la historia de la Argentina” y añadió que no está impedido por la ley. “Por lo tanto, hemos puesto los candidatos más competitivos, porque queremos ganar esta elección".
Vale señalar que muchas listas de Fuerza Patria para esos comicios son encabezadas por intendentes, ministros del gobierno provincial y hasta la vicegobernadora de Buenos Aires. Salvo contadas excepciones, como la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza -quien sí expresó su intención de asumir la banca si resulta electa-, el resto asume su condición de testimonial y guarda silencio. Esa omisión parece convalidar la frágil justificación que ofreció el ministro Bianco.
Es preciso aclarar que la misma actitud han expresado otras fuerzas que participarán de las elecciones bonaerenses sin distinción de vertientes ideológicas, por lo que será difícil que alguien del sistema político arroje la primera piedra. En el caso del oficialismo, más allá del discurso contra la casta, todavía está en duda lo que ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires con el principal candidato electo para la legislatura capitalina: el vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Dejará su rol protagónico en la política actual para mimetizarse en el gris panorama de un cuerpo legislativo distrital? En diciembre se verá.
Más allá de sus protagonistas, la política y el proselitismo se nutren de una estrategia cívicamente deshonesta. Que dirigentes ocupen lugares en las listas legislativas sin la intención real de asumir el cargo constituye una puesta en escena que socava la transparencia del proceso democrático. En este marco, Buenos Aires lleva la delantera, pero no suena descabellado pensar que la misma estrategia se propague a otras provincias.
Manipulación
En lo legal, no existen impedimentos que prohíban la postulación de funcionarios en ejercicio, aun cuando sea público y notorio que no dejarán su cargo actual para asumir la banca legislativa. Así lo resolvió la Cámara Nacional Electoral en 2009, al admitir las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa. En su razonamiento, la Cámara consideró que no podía ejercer un “control preventivo” sobre la voluntad futura de los candidatos, y que la incompatibilidad constitucional refiere al ejercicio simultáneo de dos cargos, no a la postulación.
Sin embargo, los mismos jueces advirtieron los peligros de esta práctica. El tribunal señaló que, si los postulantes “no son honestos” y no asumen luego de las elecciones, se estaría ante una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”. Y así fue: ni Scioli ni Massa se sentaron en sus bancas. Lo que se configuró entonces, y se repite hoy, fue un simulacro de representación que vacía de contenido el mandato democrático.
Además, no toda acción política amparada por la legalidad es legítima ni ética. La filósofa Hannah Arendt ya había advertido que el poder político solo se sostiene en la medida en que mantiene una relación de coherencia entre medios y fines, y que la legitimidad depende de esa coherencia. Postularse sin intención de ejercer el cargo desvirtúa el voto popular y rompe el vínculo representativo.
Peor aún, puede considerarse que las candidaturas testimoniales bordean el fraude moral. Aun cuando la ley no impida su postulación, su legitimidad es nula porque rompen la promesa implícita del contrato electoral: los ciudadanos eligen representantes, no prestan su voto para campañas simbólicas ni para fortalecer internas partidarias.
Hablando de campañas e internas, la política nacional se vio sacudida con el lanzamiento del denominado Frente Federal que agrupa a varios gobernadores de provincia, entre ellos los de Córdoba y Santa Fe. Es tan reciente el lanzamiento que no pueden precisarse con exactitud los alcances de esta iniciativa que se observa, en principio, como una alternativa para transitar “la avenida del medio”. Sin embargo, la estrategia contiene una novedad que no puede soslayarse: surgió del interior e inicialmente no tiene en cuenta a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. De todos modos, habrá que ver cómo avanza este armado de los gobernadores y de qué manera se inserta en la complicada lógica binaria y polarizadora de una práctica política a la que, con matices, tampoco escapan quienes impulsan lo que sería una nueva alternativa. Una lógica que, sobre todo en Buenos Aires, no se ruboriza a la hora de “plantar” candidaturas testimoniales, así como justificarlas porque “se hizo muchas veces”.
Un argumento que daña el compromiso con las reglas del juego republicano y con los valores que lo sustentan. Difícil será que la dirigencia asuma que las testimoniales deshonran ese pacto. Son un recurso que irrespeta el sentido del voto. Así, el elector es apenas un espectador pasivo del juego falaz de una dirigencia que no pierde las mañas.