En el primer año de Milei, el presupuesto a las universidades cayó un 30%

Desde diciembre de 2023, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30%, lo que ha generado una disminución del 23% en los salarios reales docentes. Estos datos, publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), son reflejo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, que incluyeron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. A lo largo de 2024, el sector estudiantil y docente se opuso fuertemente a estas medidas, organizando movilizaciones masivas con el respaldo de sindicatos.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, reunió a más de 800 mil personas, con un apoyo del 51% de los encuestados, según el relevamiento nacional de Equipo Mide. A pesar de la masiva participación, el Gobierno Nacional minimizó el reclamo, tildándolo de “construido sobre una mentira”, y el presidente Milei expresó que las agrupaciones involucradas solo demostraban “el miedo” que le tienen a su figura.

Una de las principales controversias fue la decisión del Gobierno de promover auditorías a las universidades públicas, lo que fue rechazado por las autoridades académicas, que defendieron la transparencia de sus gestiones. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudio, se destacó que las auditorías son realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, en el marco de la autonomía universitaria. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, aclaró que todas las auditorías son públicas y accesibles a través de la página web de la universidad.

A pesar de no haberse encontrado irregularidades en las auditorías, el Gobierno continuó cuestionando la gestión universitaria, sugiriendo que las universidades estaban inflando el número de estudiantes para recibir más fondos. Rectores como Oscar Arellano de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) desmintieron esta acusación, explicando que el sistema de inscripción es anual y debe ser renovado por los estudiantes, lo que hace imposible "inventar" alumnos.

Fue un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira (…) En el fondo, muestran el miedo que me tiene” Javier Milei

El conflicto escaló con la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, que convocó a más de un millón de personas en Buenos Aires, y a 400.000 en otras ciudades del país. Los manifestantes no solo rechazaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sino que exigieron una mejora en los salarios docentes. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, pidió al Gobierno la promulgación de la ley para salvar al sistema educativo público.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema” Piera Fernández de Piccoli (FUA)

Sin embargo, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente ratificado por la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó el quórum necesario para rechazarlo. En respuesta, el Consejo Superior de la UBA solicitó una nueva Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que las necesidades del sistema ascienden a 7,2 billones de pesos para 2025, mientras que el proyecto del Gobierno solo contempla 3,95 billones.

Este contexto refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo Nacional y el ámbito universitario, mientras los actores del sistema educativo continúan exigiendo una mayor inversión en la educación pública para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio en todo el país.