El proceso de reforma constitucional en Chile

Un 78,27 por ciento de los más de 7,5 millones de votos registrados se pronunciaron a favor de iniciar el proceso que llevará a la reforma constitucional de Chile. Esta mayoría decidió poner fin a la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet y emprender un nuevo camino, resignificando algunos conceptos y parámetros cuya eliminación se transformó en un reclamo popular.

Por otra parte, lo ocurrido en el país trasandino es una muestra más de cómo pueden canalizarse las demandas sociales en un sistema democrático. Porque la reforma constitucional que el año que viene encarará Chile no nació de un acuerdo espurio entre partidos políticos o clases dirigentes, sino de una iniciativa popular que dio origen al sendero por el que transitaron las negociaciones políticas, a pesar de que tuvo también sus bemoles por la irrupción de grupos violentos e ideológicamente radicalizados que produjeron desmanes procurando aprovechar el malestar ciudadano.

Por fortuna, la madurez democrática se impuso. Arduas y agitadas negociaciones se produjeron. Chisporroteos y acusaciones también. Pero, luego de aquellas jornadas de incertidumbre en las que la violencia había ganado terreno, reapareció la cordura en un marco en el que no estaba en juego ninguna proclama destituyente y, al mismo tiempo, en el que se expresaron conductas de amplitud y reconocimiento a las distintas fuerzas políticas y a las ideas que ellas mismas expresan, más allá de los extremos que siempre buscan romper con el sistema. La decisión del gobierno de Rafael Piñera superó la idea de que el plebiscito era sobre su gestión de gobierno. Porque aunque quizás se observe que se vio obligado a hacer la convocatoria, también es verdad que en el altísimo porcentaje de votos a favor de la reforma se incluye a sectores que son afines a las ideas que proclama el actual habitante del Palacio de la Moneda.

El futuro de la reforma constitucional chilena podrá ser observado como un proceso que demuestre el vigor de los métodos democráticos para resolver las diferencias. Además, los análisis publicados en la prensa internacional especulan con que se mantendrán principios que contribuyeron a la solidez de la economía chilena. Pero que al mismo tiempo, el Estado trasandino deberá incorporar garantías sociales que fueron el motivo central de los reclamos callejeros protagonizados por sectores medios y bajos de una sociedad que también ha cambiado en los últimos años.

En el fondo, la reforma chilena quizás brinde respuestas a un viejo anhelo de la mayoría de las sociedades latinoamericanas: el equilibrio entre el progreso económico y el bienestar social. El nuevo texto también deberá ser ratificado en otro plebiscito, lo que le otorgará mayor legitimidad. El camino será difícil. Y toda la región estará expectante. Pero no hay dudas de que el primer dado por Chile se asentó en piso firme.