El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene al menos 8 denuncias: cinco por acoso sexual

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, conocido por su reciente fallo que prohibió la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, se encuentra bajo un intenso escrutinio al enfrentar nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

Las acusaciones contra Maraniello, que le fueron notificadas la semana pasada, abarcan un amplio espectro de faltas, desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. El magistrado tiene un plazo legal de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La gravedad de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar la presencia policial permanente dentro del Juzgado desde septiembre de 2024, con el fin de preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Entre los testimonios más graves, una de las denunciantes relató haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas. Mencionó que, por temor a perder su empleo, asistió a un encuentro fuera del horario laboral donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, e incluso se vio obligada a mantener relaciones sexuales sólo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral después de rechazar pedidos personales. Los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios fuera de lugar. Esta víctima informó que necesitó medicación para soportar el entorno laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) intervino para tomar declaración en estos casos. Según la fiscal Mariana Labozzetta, los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, lo que llevó el expediente a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina evalúa las pruebas y testimonios, considerando la aplicación de sanciones administrativas o, eventualmente, la derivación de los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. El gremio judicial remarcó que las entrevistas con empleados actuales y exempleados revelaron “más y más casos”, algunos de ellos en situaciones de particular vulnerabilidad.

Contexto político: audios de Karina Milei

La situación de Maraniello adquiere una capa adicional de complejidad al coincidir con su intervención en el escándalo de los audios de Karina Milei, hermana del Presidente. El juez dispuso que cesara inmediatamente la difusión de estos audios, un fallo favorable a Karina Milei que busca evitar nuevas filtraciones, al considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles.

Paralelamente, el Gobierno presentó una denuncia judicial por la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la denuncia sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral, calificándola de “maniobra golpista” y aludiendo a la participación de sectores de la oposición. La acción judicial solicitó incluso el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales.

El Ejecutivo interpreta que la difusión de los audios en un “momento estratégico” de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales, forma parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado.

Fuentes internas del Gobierno reconocen preocupación por el impacto de la crisis, el efecto en la militancia y el riesgo de una profundización de la crisis política si el oficialismo no obtiene resultados favorables en las próximas elecciones. Atribuyen la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen, señalando la coordinación de sectores opositores en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna.