El gremio negó que desde 2000, la Justicia de Córdoba haya duplicado su personal
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial indicó que esas versiones periodísticas apuntan a "justificar recortes de derechos para empleados judiciales y ajuste o disminución del presupuesto para la Justicia" y las tildó de "operaciones de prensa".
El gremio de Judiciales salió al cruce de una noticia periodística que da cuenta que entre los años 2000 y 2017, el Poder Judicial de Córdoba incrementó 94 por ciento su planta de personal: pasó de 4.178 agentes a 8.097 en la actualidad, según datos de los aportantes al sistema jubilatorio provincial. La creación de cargos se aceleró en los últimos años, ya que entre 2000 y 2010 la planta creció 28 por ciento, pero subió 45 por ciento en los últimos siete.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) emitió un comunicado expresando que las notas publicadas el pasado sábado 24 de diciembre en un matutino cordobés, apuntan a "justificar recortes de derechos para empleados judiciales y ajuste o disminución del presupuesto para la Justicia".
El secretario general Federico cortelletti denunció que "las recientes notas publicadas configuran una nueva operación de prensa, en línea con el proyecto Justicia 2020 que promueve el gobierno nacional, que tiene por objeto desmontar derechos de los trabajadores como por ejemplo la jornada laboral".
"Se miente deliberadamente para predisponer a la opinión pública en contra de los empleados judiciales y los trabajadores en general para justificar posibles reformas que destruyan derechos laborales, e impongan recortes presupuestarios y ajuste", dijo.
Los salarios en la mira
La Voz del Interior citó en sus notas que se trata de los empleados mejor pagos de la Provincia, con salarios promedio de $99.857 brutos en el sector de magistrados y funcionarios y de $36.536 en el resto, cuando en la administración pública el promedio es de $25.097.
Sin embargo, en el comunicado Agepj argumenta que en las referidas notas periodísticas "se habla de un aumento en la planta de personal sin discriminar que cantidad corresponde a empleados y cuál a funcionarios y magistrados lo que es relevante al menos por dos motivos: los diferentes niveles salariales y los distintos montos de aporte jubilatorio de funcionarios y empleados".
En primer lugar, "erróneamente se afirma en el artículo periodístico que el promedio salarial de los empleados de la justicia provincial es $99.000. Llegan a esa conclusión porque contabilizan juntos los salarios de magistrados con los de empleados. La realidad es que el promedio salarial de los empleados es de $35.000. Aunque hay que resaltar que las tres primeras categorías en la que revistan el 57 % de los empleados judiciales cobran menos de $ 27.000. Siendo el salario de un ingresante de $18.399,13. -continuó-. Los magistrados y funcionarios tienen por ley la equiparación a los salarios de la Justicia Federal, los empleados no tenemos dicha ley, cobramos la pauta de aumento anual de la Corte Suprema sin estar equiparados (un empleado de la Justicia nacional en el mismo cargo que uno de la justicia provincial cobra más salario)".
En segundo término, el gremio señaló que "se suma que del salario de los empleados judiciales se detrae un 18 % para aportes jubilatorios mientras que la suma final que sale del bolsillo de magistrados es del 12% (aportan 22 % pero se devuelven un 10%) . A ello hay que agregar que los empleados judiciales no le provocamos déficit a la caja de jubilaciones, todo lo contrario: le aportamos 481 millones de pesos anuales de superavit (resultan de la operación de sumar los aportes de los empleados judiciales y restarle las jubilaciones de empleados judiciales)".
Impacto en la economía provincial
La casi duplicación del personal judicial significa para el Tesoro provincial un esfuerzo presupuestario mucho mayor que si ese salto se registrara en otras áreas, indicó el diario. El 94% del presupuesto del Poder Judicial proviene de lo que le asigna el Ejecutivo y el 6%, de la tasa de justicia que recauda la institución, que se destina a obras de infraestructura.
Y mencionó que semejante salto no se condice con la productividad del Poder Judicial, o lo que la sociedad espera de él. En 2007, por caso, existían 6,4 empleados por cada una de las 356.603 causas que ingresaron de todos los fueros. En 2016, esa ecuación mejoró a 3,7 empleados por causa ingresada al mes, pero el atraso es palpable.