El Gobierno suspendió más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral truchas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno argentino dio de baja más de 100.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Hasta ese momento, el 60% de las personas no se presentaron a verificar los requisitos necesarios para asegurar que las pensiones se otorgaran únicamente a quienes realmente lo necesiten.

La noticia se conoció tras el rechazo en Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector. 

En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni sostuvo: "En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores". Además, se dieron de baja otras 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión.

El cálculo del Ejecutivo sobre el "ahorro" para las arcas del Estado que representaban estas bajas en Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral alcanzó unos 35 mil millones de pesos mensuales. 

Entre las pensiones suspendidas, se encontraron casos notables como personas que presentaron la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión arterial. "En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio", justificó Adorni desde Casa Rosada. "Este mecanismo no es novedoso; como ya mencioné en otra conferencia, en Chaco se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada", afirmó.

La ANDIS, bajo la dirección del abogado Diego Spagnuolo, había descubierto "una actividad fraudulenta a gran escala", donde se estimó un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. 

A modo ilustrativo, Adorni recordó que entre 2003 y 2015, durante los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra disminuyó a 1.026.000 entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, para volver a aumentar hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, tras los cuatro años de gestión de Alberto Fernández.

El portavoz oficial también expresó que "este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales". En su denuncia, Adorni aclaró: "Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales; solo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas".

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyeron el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión y la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso. 

Las autoridades de la ANDIS explicaron a Infobae que las auditorías que llevaron a estas bajas "son un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias", asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada y esperan que "este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios".

La investigación interna abarcó a todas las personas que recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97 y sus modificaciones. Se recordó que esta medida "no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024". Las auditorías fueron realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Adorni también se refirió a la posición mantenida por la mayoría de los diputados nacionales sobre el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad: "El Congreso esta semana defendió este sistema corrupto; un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política". 

Y concluyó: "No es casualidad: gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto". El gobierno de La Libertad Avanza criticó fuertemente la decisión parlamentaria y afirmó: "La creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI); y un gasto adicional de más de cuatro billones y medio para 2026, lo que representa un 0,47 % del Producto Bruto Interno". 

Dicho impacto no tuvo en cuenta el efecto del aumento de beneficiarios en el ‘Programa Incluir Salud’, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas.