Política
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, pero aún no entrará en vigencia
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El Gobierno nacional oficializó la Ley 27.801 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Entre las medidas de la nueva ley, la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. La norma aún no entrará en vigencia: comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N.º 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en 14 años, dos menos que el límite vigente hasta ahora. La oficialización se realizó a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, aunque la normativa comenzará a regir recién dentro de 180 días.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo respaldo legislativo para el oficialismo.
Entre los principales cambios, la ley introduce un sistema de penas graduadas, que contempla tanto la edad del adolescente como el contexto en el que se cometió el delito. En ese marco, se prevé la aplicación de distintas medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
El régimen incluye programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y programas de formación ciudadana. También contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia a servicios de salud acordes a la edad de los jóvenes.
Entre las sanciones previstas figuran la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en algunos casos, el monitoreo electrónico y la prestación de servicios comunitarios.
En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en institutos especializados para adolescentes. La ley también establece que los menores no podrán permanecer detenidos junto a personas adultas.
Además, prohíbe la aplicación de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años.
El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate parlamentario se modificó el límite a 14 años tras negociaciones con bloques opositores dialoguistas, entre ellos el PRO y la UCR, que consideraron ese umbral como un punto de equilibrio más cercano a los estándares de la región.
