Medio ambiente
Milei resiste la inclusión del “ecocidio” en el Código Penal, pero apuesta a penas más duras para incendios forestales
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El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei continúa en etapa de redacción y será tratado durante el período legislativo ordinario. Entre los cambios previstos se analiza elevar las condenas para delitos vinculados a incendios, en especial los que afecten a bosques, mientras se debate internamente la posible incorporación de la figura de ecocidio.
La reforma del Código Penal figura entre los proyectos centrales del presidente Javier Milei, aunque su tratamiento fue postergado durante el período de sesiones extraordinarias con el objetivo de profundizar la redacción del texto y habilitar un debate más amplio a lo largo del año legislativo. El proyecto aún se encuentra en elaboración y contempla, entre otros puntos, un endurecimiento de las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, especialmente aquellos que afecten a bosques.
La iniciativa tomó mayor relevancia en medio de los incendios forestales registrados en la Patagonia y, en particular, tras la quema de unas 30.000 hectáreas en la provincia de Chubut. En ese contexto, la Unión Cívica Radical (UCR) y el gobernador chubutense Ignacio Torres reclamaron sanciones más severas. Desde el Gobierno nacional anticiparon que habrá un incremento en las condenas para delitos con impacto ambiental, aunque aclararon que las modificaciones “no están enfocadas en delitos ambientales” de manera específica.
Según fuentes involucradas en la redacción del proyecto, está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen incendios de manera intencional, incluidos los bosques, así como para el tráfico de bienes culturales y la explotación ilegal de la minería. Si bien aún no se definió la escala de penas, se adelantó que las condenas superarían los tres años de prisión, con el objetivo de que no sean excarcelables. “No queremos anticipar las penas, pero van a ser altas”, señalaron.
En paralelo, se abrió un debate interno respecto de la posible incorporación de la figura de “ecocidio”. Aunque existe consenso en torno al endurecimiento de las sanciones, algunas voces dentro del oficialismo manifestaron reparos sobre la utilización del término. Desde el entorno presidencial indicaron que el enfoque estará puesto en castigar a quienes provoquen incendios, sin diferenciar el tipo de bien afectado, y evitar referencias vinculadas a formulaciones ambientales.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió al tema a través de sus redes sociales y afirmó: “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”. No obstante, desde el equipo que trabaja en la reforma aclararon que el aumento de penas alcanzará a todos los incendios intencionales y no se limitará únicamente a los que afecten bosques.
Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales y en distintas partes del Código Penal, aunque la figura de ecocidio no se encuentra tipificada como delito. Fuentes oficiales indicaron que su inclusión sigue siendo materia de discusión y que no se descarta dejar el tema abierto para un eventual debate con la oposición durante el tratamiento legislativo.
El proyecto se encuentra en su etapa final de redacción, con la expectativa de ser concluido en la primera quincena de febrero. En la elaboración participan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial Santiago Caputo; la abogada Macarena Alifraco; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el penalista Fernando Soto; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
La mesa legal se reúne semanalmente para avanzar en el texto que será tratado durante el período legislativo ordinario. El nuevo Código Penal incluirá más de 900 artículos y busca intensificar la política criminal y reducir la discrecionalidad judicial en la evaluación de las causas. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es garantizar condenas efectivas y evitar que la sociedad perciba las penas como insuficientes.
Aunque el proyecto había sido incorporado al temario de las sesiones extraordinarias, el presidente Milei decidió postergar su tratamiento para el período ordinario con el argumento de que la agenda legislativa era extensa y que la reforma requiere un análisis profundo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, señalaron desde el entorno gubernamental.
