“El femicidio no es cualquier muerte”: el juez Peretti alertó por el aumento de denuncias por violencia de género

Por Cecilia Castagno | LVSJ 

En un contexto nacional marcado por el incremento de los femicidios y la discusión sobre las políticas de género, el juez Andrés Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, advirtió que “actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día”. Aunque reconoció un aumento sostenido en los casos, aclaró que “no podemos hablar de saturación”, y remarcó que se trabaja con 46 botones  antipánico activos y medidas de protección inmediatas.

Además, confirmó que avanza la creación del Centro Integral de Varones en San Francisco, iniciativa destinada a trabajar con hombres que ejercen violencia; una herramienta para revisar creencias sobre la masculinidad y prevenir nuevas agresiones.  Para Peretti, el desafío es claro: “Mientras no exista un cambio cultural profundo, seguiremos teniendo víctimas y victimarios”.

-          Según MuMaLá, se registraron 11 femicidios en Argentina solo en octubre. ¿Ha percibido un aumento de denuncias o casos graves de violencia familiar en su circunscripción en los últimos meses?

Sí, en nuestra circunscripción (San Francisco, Devoto, La Francia, Freyre, Porteña, S. M. Laspiur y localidades aledañas) advertimos un aumento de las denuncias por violencia familiar y de género en lo que va de este año 2025. Actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día, a lo que hay que sumar los incumplimientos a medidas ya dispuestas previamente. Tenemos activos 46 dispositivos Salva (botones antipánico) y hasta hace poco tiempo, teníamos otorgados 2 duales (tobilleras electrónicas), los que fueron retirados porque los agresores fueron privados de su libertad. De cara al final de año, las denuncias suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas de fin de año, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

-          ¿Cómo interpreta este incremento en el marco de la tendencia histórica de violencia de género en nuestro país?

Es propio del contexto que vivimos como sociedad. Compartiendo el enérgico repudio realizado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba ante el doble femicidio del que fueron víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio, los discursos de odio, el negacionismo sobre la violencia de género, la difusión de la noción de “falsas denuncias” y el desmantelamiento de políticas de igualdad promueven prácticas misóginas que alcanzan su extremo en los femicidios y erosionan los consensos democráticos que sostienen una sociedad libre de violencias. Incluso, el cambio climático también repercute en la violencia doméstica y de género. Según la ONU, las condiciones meteorológicas extremas, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica son factores clave que aumentan la prevalencia y la gravedad de la violencia de género. Ese informe concluye que cada aumento de 1° C de la temperatura global se asocia a un incremento del 4,7% de la violencia de pareja. En un escenario de calentamiento de 2° C, es probable que 40 millones de mujeres y niñas más sufran violencia de pareja cada año de aquí a 2090. En un escenario de 3,5° C, esa cifra se duplicaría con creces. De hecho, los femicidios en el mundo aumentaron un 28% como consecuencia de las olas de calor.

-          ¿Con qué recursos cuenta la justicia en su jurisdicción para abordar casos de violencia familiar y femicidios?

Desde el Poder Judicial las herramientas son limitadas. Además de las medidas de protección que establecen las leyes provinciales N° 9.283 y N° 10.401 –perimetrales, exclusión de agresor, botones antipánico, tobilleras electrónicas, rondas policiales, incautación de armas, guarda y alimentos provisorios, ordenar tratamiento psicológico o psiquiátrico, entre otras, nuestra sede cuenta con un equipo técnico formado por psicólogas y trabajadoras sociales que brinda respuesta interdisciplinaria. De todas maneras, un mundo libre de violencia implica respetar la dignidad humana y la libertad, y por ello, tenemos que accionar en lugar de reaccionar.

El Poder Judicial interviene cuando la violencia tuvo lugar, es decir, reaccionamos, tomamos medidas de protección para las víctimas, ordenamos capacitaciones y tratamientos, entregamos botones antipánico, pero mientras no exista un profundo cambio cultural, seguiremos teniendo víctimas y victimarios. En dicha misión, para lograr ese cambio cultural y poder prevenir situaciones de violencia en general y contra niños, niñas y adolescentes en especial, necesitamos contar con políticas públicas por parte del Estado, es decir, diseñar, planificar e implementar un andamiaje externo que ayude a la concientización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, sea física, sexual, psicológica, etc.

Es fundamental educar en igualdad, capacitar en género en los establecimientos educativos, es un debate que nos debemos como sociedad, pero se recomienda desde el nivel inicial o primario, aplicar firmemente la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), avanzar con campañas de difusión y prevención teniendo en cuenta quiénes son las víctimas, su edad, su condición económica, su accesibilidad a la tecnología y nivel de educación, mejorar los espacios y la tecnología para recibir denuncias y capacitar y sensibilizar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes, entre otros, siendo esencial que la nación, las provincias y los municipios coordinen, articulen y se integren. Prueba de ello es la “Iniciativa Spotlight”, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que exige integración de todos los niveles de la política climática, es decir, acción climática eficaz debe dar prioridad a la seguridad, la equidad y el liderazgo de mujeres y niñas.

Más allá de la necesidad de contar una fiscalía especializada en violencia de género y familiar, desde el juzgado venimos trabajando conjuntamente con el Polo Integral de la Mujer y la municipalidad de San Francisco para crear el Centro Integral de Varones, herramienta central para revisar las creencias sobre la masculinidad, buscando identificar cómo se ejercen los distintos tipos de violencia y la consecuencia de esto en ellos mismos, sus parejas y su grupo familiar.

-          ¿Considera que los tribunales y fiscalías están saturados ante la demanda de denuncias de violencia de género?

En las cuestiones de violencia familiar/doméstica y de género, no sólo interviene nuestro juzgado. También participan las fiscalías y eventualmente, el Juzgado de Control y la Cámara del Crimen, pero desconozco su situación actual. En nuestro caso, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido.

-          En el reciente caso de Luna Giardina, la jueza María Victoria Jalil, a cargo de la causa, pidió la colocación de la tobillera electrónica para Pablo Laurta, pero finalmente no se la colocaron. ¿Qué obstáculos enfrentan los jueces para hacer cumplir medidas de protección en tiempo y forma?

En el caso referido, sólo tengo conocimiento por los medios de comunicación. Las diversas notas publicadas refieren que la jueza Jalil ordenó la colocación de la tobillera electrónica, pero que no se pudo concretar porque el denunciado estaba viviendo en Uruguay. Ante esta situación, los medios informaron que la jueza remitió oficios –notificaciones– a Migraciones, pero que no hubo respuesta porque el agresor utilizaba medios –avioneta o lancha– para evadir los controles migratorios. En nuestro caso, no resulta habitual que existan problemas en la implementación y notificación de las medidas de protección. Puede suceder que el agresor no pueda ser notificado de las medidas dispuestas por nuestro juzgado, que no sea encontrado para colocar la tobillera electrónica y situaciones similares, pero son la excepción.

-          En 2014, la Corte Suprema encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios, indicando que “concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas”. ¿Cree que este registro ha contribuido a una mejor prevención y políticas públicas más efectivas?

Totalmente. A partir del registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investiga muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género elaborado por la Corte, se impulsaron políticas como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022) y la Ley “Brisa” N° 27.452. Nuestra provincia, a través del Tribunal Superior de Justicia, también lleva adelante su registro, lo que permite identificar patrones y elaborar mecanismos para prevenir la violencia doméstica y de género.

-          La ONU indica que el 56% de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que solo el 11% de los homicidios de hombres ocurren en el ámbito privado. ¿Cómo interpreta estos datos en relación con la situación en San Francisco?

Si bien el femicidio es la expresión máxima de violencia en contra de las mujeres, el último informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte comunica que los vínculos de parejas o exparejas fueron los más frecuentes entre las personas afectadas y las denunciadas (46%), seguido por vínculos filiales (34%). Dentro de los vínculos de parejas, el 75% correspondió a exparejas, el 23% a parejas convivientes y/o cónyuges, y el 2% a novias o novios. En cuanto a las víctimas, el 74% eran mujeres y el 26% varones, mientras que las personas denuncias, el 70% eran varones y el 30% mujeres. Estos datos nacionales se coinciden sustancialmente con nuestra ciudad y zonas aledañas.

-          El Gobierno nacional propuso la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal Argentino. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa y cómo podría afectar la protección de las víctimas y la persecución penal de estos crímenes?

Compartiendo la visión de la Dra. Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el femicidio no es cualquier muerte. Tiene componentes especiales que la sociedad y los ciudadanos, sean o no abogados, pueden distinguir. De hecho, en nuestra provincia, los juicios por femicidios son juzgados por jurados populares. Eliminar la figura de femicidio del Código Penal no sólo violaría compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que además, rompería con la igualdad real o sustantiva, tratando como iguales a personas que no lo son.

-          ¿Qué acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía y organizaciones sociales considera prioritarias para prevenir femicidios y proteger a las víctimas?

Para promover la igualdad de género, mejorar el acceso a la justicia y los servicios de apoyo a las víctimas, sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres, niñas, es necesario priorizar acciones interpoder e interdisciplinarias. La violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, años y años de estereotipos que generan aferramiento a prácticas machistas. Por ello, no resulta suficiente el abordaje unidimensional por parte del Poder Judicial en su carácter de órgano de aplicación de la normativa internacional. Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes y trabajadores sociales. Además de campañas de difusión y prevención, es necesario contar con espacios preparados y con amplitud horaria para recibir las denuncias, así como también con personal capacitado y sensibilizado sobre la temática de violencia familiar/doméstica y de género. Sobre esto último, debemos fortalecer las competencias de los trabajadores no especialistas, tales como educación y sus instituciones (docentes y no docentes), salud (medicina, psicología, psiquiatría, enfermería, acompañamiento terapéutico), personal policial, clubes,  familiares, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas y medios de comunicación, tanto en relación a los estándares vigentes en materia de género, como así también en la detección y abordaje de prácticas anteriores y desajustadas.

-          ¿Cómo evalúa la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género?

Se está trabajando, pero nunca es suficiente. Es nuestra misión como sociedad terminar definitivamente con la violencia en general y contra los niños, niñas y adolescentes en concreto. La violencia en general es un círculo o un ciclo, un espiral que crece día a día. Este flagelo no se soluciona solo, por el mero transcurso del tiempo. Requiere un abordaje, ser trabajado. El reciente doble femicidio exige un avance participativo que permita la implementación y ensanchamiento de las políticas públicas para lograr un mundo libre de violencia con respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas.

-          ¿Algún comentario final?

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido, por su compromiso diario.

Ya van 11 femicidios en Argentina solo en octubre  

 Frente a los 11 femicidios registrados en los primeros 14 días de octubre, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) adelantó su informe mensual y reclamará en el Congreso la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Según el relevamiento, en lo que va de 2025 hubo 196 femicidios, uno cada 35 horas, y en octubre la frecuencia aumentó a una víctima cada 28 horas.

 MuMaLá advirtió sobre la eliminación de políticas públicas y la necesidad de restituir programas de prevención y asistencia a víctimas. “El gobierno nacional ha desmantelado las políticas de género”, afirmó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal, quien pidió “asumir la gravedad del contexto”. El informe también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas y que 120 niños quedaron huérfanos. Desde 2015, se registraron 2.589 femicidios y trans/travesticidios en el país.