El drama de confiar y la necesidad de regular

No por antiguo y repetido, el dicho pierde vigencia: hay imágenes que golpean más fuerte que mil palabras. En especial, las difundidas hace poco, que exhiben a una niñera maltratando con violencia a un bebé de siete meses. El episodio, registrado por una cámara de seguridad en el domicilio familiar, expone una situación de maltrato infantil inadmisible, sino que interpela con crudeza a toda la sociedad. 

El hecho, que derivó en la imputación penal de la mujer involucrada y su posterior detención, no es un simple caso policial. Se transforma en un llamado urgente a revisar los mecanismos mediante los cuales se habilita servicios, se publicita y se legitima la contratación de personas para una de las tareas más sensibles: el cuidado de los niños.

Una madre actuó como corresponde. Acudió a una supuesta empresa “seria”, revisó referencias, antecedentes y credenciales de potenciales cuidadoras. Pero no bastó. La escena que presenció, y que luego puso a disposición de la Justicia, revela la violencia ejercida sobre el menor y también las fallas de un sistema de tercerización del cuidado que funciona, en muchos casos, sin controles eficaces ni regulaciones acordes con la importancia del servicio que presta.

La necesidad de contratar niñeras ha crecido al ritmo de las nuevas formas de organización familiar y laboral. La tecnología permitió la creación de “agencias” que, por medio de atractivas “apps” en varios casos, ofrecen su servicio para satisfacer aquella necesidad. Sin embargo, estas nuevas modalidades no han sido acompañado por normas que garanticen condiciones mínimas de idoneidad, estabilidad y supervisión profesional en quienes asumen la responsabilidad de cuidar a los niños.

El doloroso suceso dejó al descubierto que resulta imprescindible avanzar en regulaciones que permitan a los padres tener garantías. Y ello solo se consigue con controles estrictos y sanciones con el mayor rigor en caso de incumplimientos. Porque, si bien la Justicia accionó contra la maltratadora, los intermediarios están haciendo grandes esfuerzos para quitarse de encima su responsabilidad por el daño cometido. 

Imposible es no empatizar con el relato dramático de la madre del bebé golpeado. Su experiencia, dolorosa e injusta, no puede quedar en el olvido ni en el mero repudio social: debe dar lugar a cambios en el marco normativo referido al cuidado infantil. No es posible continuar delegando el cuidado de lo más valioso en estructuras sin garantías ni controles suficientes. El resguardo de la infancia debe ser una prioridad en todo momento, sostenida con recursos, regulación efectiva y un compromiso ético que esté a la altura del daño irreparable que pueden ocasionar la negligencia, la violencia o el abuso.

La vida y la salud de un hijo es el preciado bien que debe resguardarse a toda costa. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada. Y ningún vacío legal debería servir de excusa.