El conflicto por la Caja de Jubilaciones: una larga historia de desencuentros

El gobernador Martín Llaryora encabezó la delegación de funcionarios cordobeses que participó, el pasado miércoles, en la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para destrabar el conflicto con la Nación por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

Según el mandatario cordobés, la deuda ronda el billón de pesos y la provincia no recibe fondos de la Nación desde hace 15 meses. Tras la audiencia, Llaryora agradeció al máximo tribunal por “generar el ámbito institucional” para el diálogo, aunque reconoció que “el plazo no deja conforme” a la provincia. Advirtió que, si en la próxima reunión no hay avances concretos, el gobierno cordobés solicitará una medida cautelar para obligar al Estado nacional a cubrir el déficit de la Caja. “Hoy la Nación está girando cero pesos a la Caja de Jubilaciones. Esto es urgente”, expresó, al tiempo que calificó el incumplimiento como “flagrante y violatorio”.

La denuncia de Córdoba en la Corte Suprema fue presentada hace dos años por el exgobernador Juan Schiaretti, pero recién ahora el máximo tribunal de la Nación inició los procesos formales de negociación para resolver un conflicto que toca de lleno a la idea de federalismo y se ha venido prolongando, con variaciones, desde hace más de treinta años. Además, afecta a miles de jubilados cordobeses. 

Llaryora fue enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. "Esto tendría que haber durado un minuto, nunca tendría que haber llegado yo a estar acá", agregó.

En su presentación, Llaryora sostuvo que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar.

Cuestionó la “preocupante conducta del gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”. Y calificó como “inconstitucional” el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba. 

La provincia consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.  Se trata, afirmó el gobernador, de "un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina”.

Un larga historia

El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba tuvo su origen en una disposición del gobierno de Carlos Menem que, en 1994 estableció la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a la Nación. Entre 1994 y 1997, 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron a Anses sus cajas previsionales de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Mientras que otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Vale señalar aquí que Córdoba ya contaba con una ley propia que establecía el régimen previsional. Había sido sancionada en 1990, cumpliendo la orden emanada de la Constitución Provincial reformada en 1986. Aquella norma jubilatoria establecía el pago del 82% móvil para todos los haberes de la clase pasiva. 

La crisis derivada de la renuncia del gobernador Angeloz en 1995 provocó serias heridas en la Caja de Jubilaciones. Al asumir el máximo cargo provincial Ramón Mestre, se dictó el decreto 1777 que recalculó el 82% móvil y redujo los montos al 67%. Hubo varios planteos judiciales para oponerse a la medida, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia convalidó aquella disposición. Pero en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo caer el decreto y restituyó la ley de 1990, con lo que los haberes jubilatorios volvieron a calcularse con el 82% móvil.

Varios años antes, en 2001, un régimen de pasividades anticipadas aprobado en 2001, ya durante el gobierno de José Manuel de la Sota, sumó una gran cantidad de jubilados al sistema previsional cordobés. Recién en 2002, con Eduardo Duhalde como presidente, se firmó entre la provincia y el Anses el convenio de armonización por el que la Nación debe remitir fondos a la Caja de Jubilaciones de la provincia en compensación por cesiones impositivas que hizo Córdoba para sostener al instituto previsional nacional. 

El convenio, está a la vista, fue incumplido en reiteradas oportunidades por los distintos gobiernos nacionales. Ningún gobierno nacional cumplió en tiempo y forma, situación que originó los reclamos que todavía persisten. Ni siquiera cesó cuando, en 2008, se reformó la ley jubilatoria provincial para armonizar el sistema con el de la Nación. 

La deuda fue acumulándose con el paso de los años y el déficit de la Caja continuó. En 2011, según publicaciones periodísticas, la Nación no envió ninguno de los recursos comprometidos, hecho que puede parangonarse con la actual inacción de la administración del presidente Milei. 

Fue así que, en 2012, el déficit de la Caja obligó a que el gobernador De la Sota impulsara la sanción de la Ley 10078, que disponía que los jubilados pasen a cobrar los aumentos 180 días después que lo cobren los activos y otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de modificar aportes y contribuciones. La decisión fue sorpresiva. El proyecto se aprobó pocas horas después de su ingreso a la Legislatura y derivó en varios conflictos entre el gobierno provincial y los sindicatos de empleados estatales. 

Mientras los incumplimientos de la Nación continuaron invariablemente a lo largo del tiempo, durante la cuarentena por el Covid 19, la Legislatura volvió a reformar la ley previsional. Entre los aspectos más destacados de esa nueva modificación se establece que, para los nuevos jubilados y pensionados, se armoniza con la Nación el período que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin. Para pensiones, se baja el monto como el equivalente al 70% de la jubilación del causante (en lugar del 75% que regía). El diferimiento del cobro de los aumentos a dos meses y el artículo 58 que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos son cuestionamientos que vienen efectuando desde hace tiempo los gremios.

En cuanto al reclamo de la provincia contra la Nación por el envío de los fondos que corresponden, el ex gobernador Juan Schiaretti presentó dos demandas (en abril y mayo de 2023) contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Debieron transcurrir dos años para el que máximo tribunal convoque a las partes para intentar alcanzar un acuerdo. 

El futuro del conflicto Córdoba – Nación dependerá de la respuesta que el gobierno central brinde en la próxima audiencia. La provincia reclama que se reanude el flujo de fondos y hasta aceptó la posibilidad de incluir la deuda en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, hasta alcanzar un acuerdo definitivo. También surgió la idea de que se cedan a Córdoba propiedades nacionales como terrenos del Ejército o la central nuclear de Embalse para compensar lo no transferido.

Vale señalar que el reclamo cordobés también ha sido efectuado por otras provincias, tiene respaldo técnico y es calificado como legítimo por los especialistas. Porque se trata de hacer efectivo un derecho establecido en la Constitución.