El Concejo avaló el ajuste de Bernarte, pero la oposición advierte: “No alcanza”

En medio de la crisis económica y la baja de ingresos, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto del intendente Damián Bernarte para reestructurar la planta política y administrativa. Aunque la oposición acompañó con su voto, criticó que no se informaran los números concretos del ahorro y acusó al oficialismo de “despilfarrar recursos” y limitarse a “mover sillas” sin un verdadero ajuste de fondo.

Se eliminarán secretarías, se recortarán cargos y sueldos, y se volverán a congelar las remuneraciones de toda la planta política por al menos 120 días. “Actuamos con responsabilidad y previsión. Tomamos decisiones necesarias y firmes para garantizar la estabilidad de nuestra ciudad”, expresó Bernarte.

La iniciativa busca sostener los servicios esenciales que el municipio hoy afronta con fondos propios, en un escenario marcado por la reducción de transferencias nacionales, la baja recaudación local y una creciente demanda de asistencia social. “Desde hace casi un año y medio, los gastos del municipio se incrementaron sustancialmente por el abandono de responsabilidades del Gobierno nacional”, explicó el intente.

El gabinete se achica: pasará de 9 a 7 secretarías 

La ordenanza prevé la reducción de nueve a siete secretarías, mediante la fusión de áreas como Innovación y Vinculación Educativa, y Prevención Urbana con Gobierno. Además, se reestructurará el 30 % de los cargos políticos, bajando su rango y retribuciones. A esto se suma el congelamiento de sueldos de toda la planta política, incluido el intendente, por un mínimo de cuatro meses. Cabe recordar que ya se había dispuesto una baja del 20 % en los salarios de ese mismo sector.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, afirmó Bernarte. También se impondrán topes estrictos al pago de horas extras por secretaría para optimizar el uso del tiempo y los recursos públicos.

Las medidas, según indicó el municipio, permitirán sostener obras estratégicas en marcha —financiadas principalmente por el Gobierno provincial— y mantener prioridades como pavimentación, bacheo, luminarias, salud, educación y recolección de residuos. “El esfuerzo es de todos, pero la señal debe partir desde la política. La prioridad son los vecinos y los servicios que merecen”, concluyó el intendente.

Para la oposición, “medidas tardías, maquillaje político”

Pese al acompañamiento legislativo a la reducción de la planta política municipal, las voces críticas de la oposición no se hicieron esperar. Desde San Francisco Cambia y la Unión Cívica Radical (UCR) lanzaron fuertes cuestionamientos a Bernarte, a quien acusan de tomar medidas tardías y de mantener una gestión “ineficiente y alejada de las prioridades vecinales”.

“La situación que advertimos desde hace tiempo se hizo realidad: Bernarte chocó la calesita”, lanzó la concejal Cecilia Roffé (San Francisco Cambia), al referirse al ajuste anunciado por el Ejecutivo. Para la edil, el recorte no es una muestra de austeridad, sino la consecuencia directa de “la mala administración, el gasto sin control y una superestructura construida a medida para amigos del poder”.

Roffé también señaló que “el municipio está en rojo, en una situación crítica, y ahora no hay marcha atrás. Lamentablemente, los vecinos y empleados son quienes están pagando las consecuencias”. Además, denunció un “doble discurso” del gobierno local: “Mientras el intendente intenta responsabilizar al Gobierno nacional y vende maquillaje político, la realidad marca que sigue ampliando la planta jerárquica, aumentando sueldos de asesores y contratando empresas amigas”.

En la misma línea, desde la UCR también se cuestionó la medida. En un comunicado conjunto, el concejal Marco Puricelli (Juntos por el Cambio) y el tribuno de cuentas Cristian Canalis afirmaron que desde el inicio de la gestión alertaron sobre “el ingreso indiscriminado de personal, la tercerización innecesaria de servicios y el despilfarro de recursos en subsidios y obras que no responden a las verdaderas necesidades de los vecinos”.

“La construcción de una ciclovía en altura o de un edificio policial sobre la Plaza Cívica muestra que Bernarte priorizó los megaproyectos antes que lo urgente”, señalaron. También recordaron que, el año pasado, acompañaron el recorte de sueldos políticos —incluso aceptando la reducción de sus propias dietas—, pero lamentaron que nunca se informara a la ciudadanía en qué se utilizaron los fondos “ahorrados”.

Según los radicales, las decisiones actuales llegan demasiado tarde. “Ahora que la crisis económica nacional impacta en la recaudación municipal, Bernarte adopta medidas demagógicas y para la tribuna”, criticaron. Y concluyeron: “Al asumir se puso el traje de Papá Noel, generó la planta política más grande e ineficiente de la historia de nuestra ciudad y hoy los vecinos seguimos pagando esa mala administración”.

El Suoem profundiza la lucha 

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de San Francisco cuestionó la medida.  En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del sindicato, Víctor Lescano, fue contundente: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano cuestionó la administración municipal: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.

Sobre el anuncio de reducción política, el dirigente gremial lo calificó como “una medida para la tribuna” y afirmó: “Más que tomar decisiones de anuncios para la tribuna, hay que revisar las partidas presupuestarias. Sin profundizar mucho, seguramente le encontraríamos la salida a esta situación”.Desde el sindicato señalaron que no están dispuestos a aceptar que los trabajadores paguen las consecuencias de decisiones políticas. “Rechazamos y vamos a resistir. Estamos en alerta y en estado de asamblea”, reiteró Lescano. A su vez, anticipó que se mantendrán reuniones con el Ejecutivo: “Quedamos en volver a juntarnos”.

El gremio reclama una revisión más profunda del presupuesto —que para 2025 asciende a $69.601 millones— y cuestiona el orden de prioridades. “Crean directores como si no hubieran consecuencias. Generan direcciones, después las bajan, pero las crearon y están adentro. Hay que ser más eficiente. Que el ajuste no caiga sobre quienes están en la calle prestando servicios”, enfatizó Lescano.

Además, denunció sueldos achatados e inflación creciente: “Arrastramos un 6 % del año pasado y vamos a cumplir tres meses sin aumento. Por eso seguimos en asamblea”.