Análisis
El caso del Servicio Penitenciario
El camión que intentó ingresar a Bouwer drogas, celulares y bebidas alcohólicas, entre otras cosas, es un eslabón nuevo que parece confirmar la existencia de un ámbito favorable a la corrupción en esferas muy delicadas.
Un camión proveedor de carne del complejo de Bouwer intentó ingresar a la cárcel, ubicada en las afueras de la ciudad capital de la provincia, un cargamento oculto de drogas, pastillas psicofármacos, celulares y bebidas alcohólicas, entre otros enseres no permitidos.
La noticia repercutió con fuerza en los últimos días de un año en el que los escándalos de corrupción en el Servicio Penitenciario cordobés determinaron la detención de sus máximas autoridades y la intervención del organismo por parte del gobernador Llaryora.
Como se conoce, con la aparente complicidad de ex altos funcionarios del ente que regentea los establecimientos carcelarios en Córdoba, se producían una serie de situaciones irregulares que iban desde el ingreso de elementos no permitidos a los penales, la generación de zonas liberadas para que se sigan cometiendo delitos a través de la telefonía celular y el tráfico de influencias.
La prensa de toda la provincia ha informado que los investigadores, comandados por el fiscal Gavier, detectaron presuntas maniobras de los imputados, entre ellas, falsificar informes de conducta de los presos a cambio de dinero; pedían el pago en dólares, tanto a los reclusos como a sus familiares. Los reportes que falseaban son claves para la obtención de libertades anticipadas y condicionales. Además, autorizaban mejoras en las condiciones de alojamiento en las celdas, también por dinero.
Por estos episodios, la Justicia ordenó la detención de altos jefes del Servicio Penitenciario, lo que –como es lógico suponer- provocó un alto impacto en la opinión pública. Por cierto, serán los tribunales los que determinarán las responsabilidades del caso. Pero no deja de causar sorpresa y, también, desasosiego el hecho de que estas supuestas actividades fuera de la ley fueran admitidas, y protagonizadas en algunos casos, por quienes tenían la misión de velar por el cumplimiento efectivo de las condenas de quienes han delinquido y garantizar la seguridad de la población.
El hecho del camión es un eslabón nuevo que parece confirmar la existencia de un ámbito favorable a la corrupción en esferas muy delicadas. Porque el sentido común indica que la trama de complicidades no se agota en los conductores del vehículo requisado. Y no solo porque la lógica así lo establece. Las investigaciones que sacudieron al Servicio Penitenciario en los últimos meses constituyen un antecedente ineludible.
En este contexto, era imprescindible y, asimismo, es saludable que la intervención dispuesta por el gobernador en el Servicio Penitenciario haya dispuesto medidas que tengan como objetivo desbaratar estas maniobras. Se impone que se mantengan en el tiempo para evitar que se repitan. Por lo mismo, la ciudadanía espera que se destruya la trama delictiva que parece haber funcionado en la cárcel Bouwer y en otros establecimientos penitenciarios. Y que la Justicia haga su trabajo con presteza.