El año en que el recorte llegó al poder: 20 años de la asunción de los primeros legisladores de la Unicameral
A finales de 2001 asumieron los 70 representantes departamentales de los cuales cinco eran de San Francisco.
Por Ivana Acosta | LVSJ
El 10 de diciembre de 2001, 70 legisladores juraron en su nuevo rol de representantes del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, formalizando así la extinción del sistema bicameral en este orden.
El surgimiento de la Legislatura unicameral fue producto de la reforma a la constitución aprobada el 16 de septiembre de ese año e impulsada por el entonces gobernador José Manuel De la Sota (Unión por Córdoba).
Lo sucedido no estuvo aislado del contexto de irritación social que existía, las ollas ya se hacían sentir, el descontento social se respiraba y la reforma constitucional arrastraba el sello de ser lo suficientemente oportuna como para avalar un recorte presupuestario del gasto público en el Poder Legislativo. La idea estaba a las claras, se pasó de tener 133 representantes divididos entre senadores y diputados provinciales a 70 legisladores, terminando así con una tradición bicameral de 130 años.
En esa primera conformación de la Legislatura hubo cinco representantes oriundos de San Francisco y pasaron a la historia como una suerte de fundadores de este órgano, ellos eran Evelina Feraudo y Guillermo González (Unión por Córdoba), Carlos Cornaglia y Fanny Taranzano (Unión Cívica Radical) y Carmen Acuña (ARI - Partido Socialista).
De la Sota que presenció aquel acto destacó posteriormente que la nueva conformación servía a la coyuntura crítica en la economía de la provincia significando una gran reducción presupuestaria. Paralelamente, en las calles trabajadores representados en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y UEPC repudiaban ese plan de ajuste.
Titulares de diarios de la época (Gentileza: Legislatura de Córdoba)
¿Cómo era la reforma?
La reforma constitucional se desarrolló y aprobó en un clima de profundo endeudamiento externo como consecuencia de la Ley de Convertibilidad, acompañado por la baja actividad productiva, un grave proceso inflacionario, aumento de la pobreza y crecimiento de la desocupación.
En aquel mes de septiembre si bien la situación era muy compleja a nivel económico, social y político, no se avizoraba la caída en 2001 del presidente Fernando De la Rúa.
En este contexto llegó a la Cámara de Senadores cordobesa el Proyecto de Ley que declaraba la necesidad de una reforma parcial sobre la Constitución Provincial, más precisamente sobre los Artículos 77 al 123 referidos a la actividad del Poder Legislativo.
Se fijaba así un sistema electoral de tipo mixto que garantizaba igual representatividad entre los departamentos que conforman la provincia de Córdoba. Esta iniciativa tenía como precedente una consulta popular no vinculante celebrada en julio de 2001 que resultó a favor de achicar la estructura legislativa, mientras se acentuaba el descreimiento del pueblo en la representación política.
El nuevo sistema
En la actualidad existe un parlamentario o parlamentaria por cada uno de los 26 departamentos y otros 44 representantes por la provincia como distrito único, los primeros entraron en funciones el 10 de diciembre de 2001 cuando caducaron - por medio de una cláusula transitoria - los mandatos de senadores y diputados electos en 1999.
Los nuevos representantes fueron elegidos en octubre de 2001 en oportunidad que también se renovaba el Congreso Nacional donde la Alianza tuvo una derrota contundente perdiendo gran parte del respaldo de este poder.
Por otro lado, se amplió el período de sesiones ordinarias de febrero a diciembre, antes, sesionaban tanto diputados como senadores del 1 de marzo al 30 de noviembre. En la actualidad, la Legislatura de Córdoba es la única Cámara en el país con 11 meses de sesiones.
Se mantuvo el criterio de la Ley 8.901, que establece "porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros" para la elección de candidatos a cargos electivos provinciales, municipales y comunales.
Por otro lado, se eliminaron los viáticos para quienes residieran fuera de la capital provincial quedando solo su dieta e igualmente se estableció que "en ningún caso corresponden viáticos, gastos de representación o adicionales por dedicación exclusiva o similares". También se suprimieron los artículos 94 y 95 de la Constitución de 1987, que otorgaban inmunidad de arresto y fueros personales al cargo de legislador.
Las provincias transitaron la debacle del gobierno de Fernando De la Rúa de diferentes maneras y predominó el endeudamiento, las cuasimonedas, la pobreza y desocupación fueron una característica en común. Dos décadas después la Legislatura permanece como un sello de aquella crisis ahora en un nuevo edificio.