Ejemplo doloroso de la crisis ética

Casi 40 jóvenes que pretendían ingresar a la policía de la provincia serán juzgados por haber presentado certificados analíticos de estudios secundarios falsificados. La noticia impactó de lleno en el proceso de reclutamiento que lleva adelante la fuerza de seguridad cordobesa, luego de la denuncia que ahora investiga la fiscalía de Casos Complejos. Se busca así determinar responsabilidades en la posible comisión del delito de uso de documento de uso público falso.

En la causa figuraría que está presentado el certificado de estudios secundarios, pero que éste -en al menos 39 casos- tiene muchos elementos dudosos. Según la información, los casos que más se repetían eran de personas que se habían "recibido" en secundarios de la ciudad de Córdoba como el colegio Alejandro Carbó, el Instituto Superior Pascal, el Cenma 107, el Ipem Jerónimo Luis de Cabrera y el Instituto Ceba, entre otros. También se postulaban jóvenes que habían "completado" sus estudios en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la Escuela de Educación Media de Lomas de Zamora y en el Instituto San Pablo Apóstol, entre otros.

La falsificación de documentos es habitual en la Argentina. Es una práctica que, incluso en nuestra ciudad, hasta el adolescente lleva adelante de manera "casera" todos los fines de semana cuando pretende ingresar a un centro de esparcimiento nocturno. Pero adquiere connotaciones de gravedad cuando existen casos como el que se ha destapado en la ciudad de Córdoba. Porque quienes supuestamente han cometido este delito son aspirantes a integrar el cuerpo de efectivos que debe proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley.

Se dirá que muchos de estos jóvenes viven situaciones difíciles desde lo familiar o lo económico y ven el ingreso a la policía como una alternativa laboral ante la escasez de ofertas en otros ámbitos. Y también que muchos de ellos, en su intento por llegar, son utilizados por verdaderas mafias de la falsificación que ganan fortunas "truchando" analíticos o cualquier otro documento público. Sin embargo, no puede admitirse que existan situaciones como la referida. Puesto aun con todos los atenuantes, se trata de una conducta ilegal a todas luces.

Llama la atención además el trabajo de los que confeccionan estos documentos apócrifos, puesto que desde hace varios años los certificados analíticos del secundario se entregan numerados y confeccionados en papel moneda, llevándose un registro nacional de los mismos. Estas y otras medidas similares se adoptaron para evitar, precisamente, la falsificación.

En definitiva, el hecho que se investiga en los tribunales cordobeses es uno más de los cientos de situaciones similares en las que se observan conductas desvinculadas de las exigencias legales y éticas. Los argentinos parecemos acostumbrados a vivir alejados de valores y normas que elevan la dignidad de la persona y hacen progresar a la comunidad. Por ello, es muy serio -también doloroso- el hecho de que aspirantes a ser garantes de la ley la infrinjan tan burdamente y que bandas delictivas dedicadas a la falsificación de documentos aprovechen esta situación para hacer su "negocio".