Edad de imputabilidad: el oficialismo reabre en el Congreso un debate que quedó trunco en 2025

Con la baja de la edad de imputabilidad nuevamente en la agenda legislativa, La Libertad Avanza decidió reimpulsar en el Congreso un debate que había quedado inconcluso en 2025 por falta de consensos políticos. La iniciativa, enviada oportunamente por el gobierno de Javier Milei, había logrado dictamen de comisiones en mayo del año pasado, pero nunca llegó al recinto y caducó el 30 de noviembre con la renovación parlamentaria.

La decisión de incorporar la reforma del Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero fue tomada esta semana en una reunión de la denominada “mesa política” del Gobierno. El tema recobró impulso tras el crimen del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe y cuenta con el respaldo de la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque durante el tratamiento en comisiones el oficialismo aceptó modificar el texto y fijar el nuevo umbral en 14, ante la resistencia de bloques dialoguistas y de sectores como la Iglesia. Esa versión fue la que obtuvo dictamen el 6 de mayo, en un plenario encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.

“La baja de edad de imputabilidad es una ley que la ciudadanía pide a gritos. Vamos a trabajar en obtener los consensos necesarios”, afirmó Rodríguez Machado, quien volvió a quedar al frente del plenario de comisiones. La legisladora señaló que el objetivo es avanzar “cuanto antes” hacia una media sanción, aunque reconoció que el debate debe reiniciarse desde cero.

Actualmente, ya están conformadas las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, mientras resta definir las autoridades de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia. Una vez completado ese paso, se establecerá un cronograma para emitir un nuevo dictamen.

En 2025, el proyecto había cosechado apoyos del PRO, la UCR e Innovación Federal, además de adhesiones con disidencias de otros bloques, mientras que Unión por la Patria y algunos diputados firmaron dictámenes alternativos para mantener la edad en 16 años, en línea con recomendaciones de organismos como Unicef.

 Uno de los puntos que generó mayores objeciones fue el costo fiscal de la iniciativa. El texto prevé que los menores sean alojados en institutos especializados y cuenten con supervisión específica, lo que implicaría mayores erogaciones para las provincias. Ese aspecto, que había quedado sin resolución clara, vuelve a ser uno de los principales desafíos del debate que el oficialismo busca reactivar en el inicio del año legislativo.