Dos abogados analizan la polémica por la salida de presos ante la pandemia

La fuerte polémica por la liberación de presos enmarcada en el argumento de posibles contagios de Covid-19 en la población carcelaria se instaló en las más altas esferas del gobierno y la Justicia. El propio presidente de la Nación defendió la medida mientras que el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa y el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, se manifestaron en contra.

Para Alberto Fernández "la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad" y en ellas "hay presos que tienen factores de riesgo". Massa, por su parte, señaló que "algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" y amenazó con que si "algunos jueces incumplen la ley de víctimas y proceden a la liberación de los delincuentes, vamos a iniciarle juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir".

Ya Berni, con su habitual estilo, se encargó de poner blanco sobre negro: "Si fuera por mí, no sale ningún preso", aseveró, a la vez que dijo que "es un verso" que con las pulseras electrónicas se puedan monitorear los presos que reciban prisiones domiciliarias, ya que "no hay dispositivos para todos los presos que quieran liberar".

Desde la Justicia y ante la polémica, el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, subrayó que "los jueces no van a hacer locuras" y van a "definir conforme entiendan que es lo correcto". Sobre esto remarcó: "Si están entre los supuestos que corresponde, es decir que sean grupo de riesgo o tengan una situación que justifique su peligro de vida o salud, estarán libres. Si no, no. Los presos tienen que entender que de nuestro lado va a haber razonabilidad".

Hasta aquí algunas de las voces más encumbradas que están a favor y en contra del otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Ya en el ámbito de nuestra ciudad, LA VOZ DE SAN JUSTO consultó sobre el tema a los abogados penalistas Felipe Trucco y Mario Ruiz, quienes se expresaron con sólidos argumentos acerca del beneficio y coincidieron en sus impresiones sobre la situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles argentinas, y la imperiosa necesidad de despejarlas.

Trucco: "El análisis debe formularse caso por caso"

Para Trucco, "pensar el tema de la prisión domiciliaria tomando partido a favor o en contra de la misma, en forma abstracta, es un simplismo, seguramente ideologizado; es que, aun considerando hoy la pandemia generada por coronavirus Covid-19, el análisis debe formularse caso por caso".

El penalista señaló que "existen algunos datos de la realidad que no podemos obviar. La población carcelaria constituye un grupo social que enfrenta riesgos, no sólo por las actuales condiciones del sistema carcelario sino también por el número de personas que se encuentran encerradas en el establecimiento penitenciario. Esto dificulta guardar las medidas de higiene y distancia".

"Por eso, si se materializa algún caso dentro de la cárcel -evento que no puede descartarse- el riesgo de contagio es mayor, como también son más graves las posibles consecuencias sobre la salud que pueden padecer las personas que -por sus antecedentes médicos, son más vulnerables", remarcó el especialista en Derecho Penal.

En ese sentido, dijo Trucco, "a mayor riesgo de contagio, cierto dentro de las unidades carcelarias, mayor será la demanda de recursos hospitalarios (técnicos y médicos), sobrecargando el ya limitado sistema de salud, lo que impone como razonable que se despejen de las cárceles las personas que están con mayor riesgo de salud, después los que están más cerca de cumplir la condena (si les falta 6 meses, anticiparlo), luego revisar las prisiones preventivas de quienes no tienen condena (de momento la ley los considera inocentes, ya que todavía no se sabe si es o no culpable, que no se sabe si deberá cumplir prisión alguna), y finalmente respecto de quienes están condenados por delitos que no tienen violencia física".

Trucco insistió en la necesidad de que se despejen las cárceles: "Lo cierto es que si no se despejan las cárceles no hay forma que se respeten las medidas de higiene y distancia y, reitero, en el caso que se materializaran los riesgos que conllevan esos establecimientos los sistemas de salud agravarán su crisis".  

Por último, remarcó que "en la mayoría de los casos son los propios presos quienes por sí mismo, desde el establecimiento carcelario, presentan peticiones, mediante escritos informales, en forma 'in pauperis', por cierto válidos ya que expresan la voluntad de los encarcelados, que debemos fundamentar los abogados defensores -particulares y asesores letrados- para su tramitación por los tribunales de la causa".     

Ruiz: "No es que a cualquiera le dan la prisión domiciliaria"

"Los presos cualquier cosa que ande dando vueltas la quieren agarrar como mariposa. Salió el fallo de la Corte y la Corte se expidió sobre un tema en particular y todo el mundo cree que tiene derecho a eso porque la Corte dijo tal cosa. Sale un fallo de la Cámara de Casación Federal, que sería el órgano inferior a la Corte en materia penal y todo el mundo va y se anota con eso, ahora con la Covid-19 y con el tema de las excarcelaciones están muy bien estipuladas, son para los grupos de riesgo pero a todo esto tiene que tener una serie de requisitos que están contemplados casi todos en la Ley 24.660 (Pena Privativa de la Libertad). No es que a cualquiera le dan, se pide un cese de prisión o una prisión domiciliaria, lo piden todos en el marco de la pandemia, cuando empezó la pandemia", se explayó el abogado penalista Mario Ruíz.

El abogado señaló que "hay fallos en Buenos Aires que no habían hecho lugar a presos que estaban contagiados por el virus, directamente lo aíslan y llevan a tratamiento en vez de darle la libertad, o sea que lo trate el médico pero no la libertad".

Consultado acerca de si una gran mayoría de sus representados lo solicitaron (al beneficio de la prisión domiciliaria), Ruíz aseguró que "todos mis clientes pidieron la libertad. Esas presentaciones la realizan ellos dentro de la cárcel al asistente social, después la pasan a judiciales y el judicial la eleva al tribunal, que la tiene que recibir, dar ingreso y correr vista al fiscal o primero a la defensa para que fundamente el escrito", detalló.

El penalista criticó la situación sanitaria que atraviesan los presos en la cárcel y la falta de asistencia médica: "Son muy pocos los profesionales de la salud, yo tengo tres o cuatro clientes que tienen prisión domiciliaria antes del Covid-19 por razones de salud, y es gente condenada. Por ejemplo a Héctor Gallardo lo tengo en la casa y está condenado pero por una cuestión de salud y aparte el servicio médico de la cárcel es un desastre", sentenció e ironizó: "Hay un médico, pedicuro, veterinario, todo junto es. Un establecimiento con más de casi 400 detenidos tiene que tener un servicio médico de por lo menos 24 horas permanentes y no lo tiene, tiene un médico, un oculista, un psiquiatra y un enfermero. La falencia más grande es que no hay previsión del sistema carcelario, que en la Provincia está colapsado, la Corte sacó un fallo que este sistema está obsoleto. Esta es una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que tendrá un mes, y la recomendación al Estado argentino es la de revisar el sistema carcelario".

En relación a la sobrepoblación carcelaria, Ruíz aseguró haber propuesto que "hagamos un correccional por jurisdicción, poner una hilera de cucheta de tres para meter solamente tipos con delitos por ejemplo que son de violencia familiar. No tener lo que la ley establece, no hay división por edades, por delito, está mezclado todo. Yo propongo hacer correccionales y hacer la diferencia. Tenés que tener una política de Estado, eso lo tiene que brindar el gobierno que no pone plata para los menores, es una vergüenza que no tenemos acá (en San Francisco) donde dejar los menores, los tenemos que mandar a Córdoba con todo lo que ello significa", se quejó.

"Otra cosa que no se cumple -explicó Ruíz- es la ley del Patronato de Presos y Liberados que es para el seguimiento del preso egresado, para seguirlo con el cumplimiento de las obligaciones desde que se da la orden de soltarlo. Es una oficina donde van y firman todos los meses y ya está, ese es el control que se hace, pero aquí (en nuestra ciudad) no hay espacio físico para una oficina para tener una persona que lleve el registro de firmas, todos en el departamento San Justo tienen que ir a firmar a Córdoba. Hay un montón de cosas que no se están cumpliendo", finalizó.