Docente apartada de la cárcel de San Francisco fue reubicada por el ministerio de educación

Una docente que se desempeñaba laboralmente en el Servicio Penitenciario de esta ciudad y que había sido apartada de su cargo en marzo del corriente año, ha sido recientemente reubicada en otro ámbito laboral por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La medida se produjo tras un reclamo judicial iniciado por la educadora, quien había sido impedida de continuar sus tareas en la penitenciaría debido a la presencia de su progenitor, alojado allí con prisión preventiva e imputado por un delito de abuso sexual en su contra.

Según información brindada desde fuentes judiciales vinculadas al caso, la docente, quien es víctima de abuso sexual en la infancia y se ha constituido como querellante particular en la causa penal contra su padre, fue notificada en marzo, próxima a retomar el ciclo lectivo, de la prohibición de ingreso al establecimiento penitenciario. La argumentación esgrimida por las autoridades penitenciarias se habría basado en el "Protocolo de la Víctima" y el impedimento de contacto vigente con su progenitor.

Ante esta situación, que implicó el cese de sus funciones y la no percepción de sus haberes, la docente, junto a sus abogados patrocinantes, Virginia Panero y Nicolás Casas, inició una serie de reclamos formales que culminaron con la interposición de un recurso de amparo contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La acción judicial se fundamentó en la presunta vulneración de su derecho constitucional a trabajar y en un cuadro de revictimización, al priorizarse, según la presentación, la situación del interno por sobre la de la docente víctima.

Durante el transcurso del proceso judicial, y según las mismas fuentes, el Ministerio de Educación provincial se comunicó con la docente en el mes de abril. El objetivo de esta comunicación fue gestionar un cambio de ámbito laboral para evitar la pérdida definitiva de las horas cátedra que poseía en el establecimiento penitenciario, amparándose en el Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior.

Tareas pasivas

Como resultado de estas gestiones, la docente fue reasignada a tareas administrativas, lo que le permitió recuperar la percepción de sus haberes. Sin embargo, desde la representación legal de la educadora se considera que esta solución es parcial. Sostienen que, si bien se restituyó el salario, la docente fue desplazada de su labor frente al aula, que describen como su "verdadera vocación", y confinada a tareas administrativas. En su opinión profesional, esta reubicación podría interpretarse como una forma de "castigo" por haber denunciado y visibilizado su situación.

Los letrados argumentan que, desde una perspectiva de género y en pos de la protección integral de la víctima, la decisión más coherente hubiese sido el traslado del interno a otro establecimiento penitenciario de la provincia. Esto, según su criterio, habría permitido a la docente continuar desempeñándose en su puesto original. Califican la decisión adoptada como una "reacción automática, patriarcal y profundamente injusta", que vulneró los derechos de la docente y conllevó una revictimización al optar por "correr a la mujer del escenario para evitar conflictos con el interno".

Si bien se ha producido una restitución salarial, la controversia persiste en torno a las condiciones laborales y la posibilidad de la docente de ejercer su profesión en igualdad de condiciones, con el debate centrado en si se priorizó la comodidad administrativa por sobre una reparación integral a la víctima.