Disparar exige rendir cuentas

 El 7 de enero de 2026, Good, una mujer blanca de 37 años, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos. Good murió a pocos metros de donde George Floyd, un hombre negro de 46 años, pronunció sus últimas palabras: "No puedo respirar", cuando el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello en 2020. Recordado hecho que también conmocionó a la opinión pública norteamericana y también a la de varios otros países.

El suceso que se tornó viral refuerza la idea de que, en algunas geografías, se está imponiendo como norma la violencia como respuesta no ya frente a manifestantes que provocan disturbios, sino frente a la simple disidencia o la presencia incómoda de un ciudadano. Las movilizaciones no se hicieron esperar y las repercusiones alcanzaron dimensiones internacionales. En la era de la hiperconectividad, episodios de este tipo se convierten en símbolos de un clima político que atraviesa fronteras.

Sin ingresar en la política interna de Estados Unidos, no se puede ignorar el marco en el que este hecho se inscribe. Las políticas de inmigración y deportación impulsadas en los últimos años, endurecidas han transformado a organismos administrativos en actores centrales de la coerción estatal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE) concebido como una agencia civil, tiene hoy una capacidad de intervención armada que lo coloca en una zona gris. Porque no es un cuerpo militar ni una policía tradicional, pero actúa con armas letales sobre civiles que ni siquiera están cometiendo un delito en flagrancia.

La decisión de que sea el propio ICE el organismo encargado de investigar el accionar de su agente introduce otro motivo de polémica. En un sistema constitucional, la legítima defensa solo se constata en los tribunales. Debe evaluarse según variables probatorias durante un proceso judicial. En teoría esto debe suceder en cualquier régimen democrático. Mucho más en Estados Unidos, nación que construyó su identidad sobre el valor de la libertad. Precisamente por eso, cada vez que esos principios parecen relativizarse, el impacto es mundial. Es el rasgo de una época marcada por la polarización y la intolerancia.

En este punto, la reflexión interpela también a nuestro país. En tiempos en los que cambió el paradigma sobre la seguridad ciudadana y se abandonó la inacción estatal que, durante muchos años, hizo caso omiso a numerosas violaciones de la ley, se hace preciso remarcar que la legitimidad del uso de la fuerza solo existe cuando está sometida al marco normativo.

Conviene, entonces, insistir en que cuando se dispara sin rendir cuentas, lo que se dispara es la violencia y el caos. Peor aún si el que dispara sin ajustarse a las normas es el Estado, porque se generan realidades que dañan el tejido social y deterioran las instituciones democráticas.