Política
Diputados frenó los DNU de Milei: el Ejecutivo anticipa veto presidencial
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Con 140 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que limita el uso de los DNU y obliga al Ejecutivo a negociar con el Congreso. El oficialismo anticipa veto y el debate promete tensión en el cierre del año legislativo.
En un golpe político a la gestión de Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma que reglamenta el tratamiento legislativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos delegados, en una sesión marcada por un amplio apoyo opositor y fuertes críticas del oficialismo. La votación finalizó con 140 votos a favor, 60 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.
La reforma obliga al Poder Ejecutivo a conseguir el apoyo de ambas cámaras en un plazo de 90 días para mantener la validez de sus decretos. Si no logra el respaldo, el DNU quedará automáticamente derogado. Además, la norma otorga mayor poder al Congreso, al establecer que bastará con que una sola cámara rechace un decreto para dejarlo sin efecto, frente al mecanismo actual que requiere el rechazo de ambas cámaras.
En términos concretos, la reforma busca eliminar la figura de la “sanción ficta” contemplada en la ley 26.122 impulsada por Cristina Kirchner, que permitía la convalidación de decretos por silencio del Congreso.
El oficialismo, en tanto, calificó la medida como una acción “desestabilizante” y anunció que el Ejecutivo prevé vetar la reforma. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que “nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la República. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”.
El debate se da en un contexto político y económico complejo para el Gobierno, en el que la oposición busca limitar la capacidad del Ejecutivo de avanzar con medidas por decreto y reforzar el rol del Congreso en la toma de decisiones.
De convertirse en ley definitiva, la iniciativa representaría una de las restricciones más importantes al margen de acción del Poder Ejecutivo en la historia reciente, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para sostener su agenda legislativa.
