Diputados dio media sanción a la ley de Defensa de la Competencia

Con críticas opositoras, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró hoy la media sanción de la ley de Defensa de la Competencia, que crea una Autoridad Nacional para combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado.

El proyecto de "ley antimonopolios" establece nuevas regulaciones para evitar efectos distorsivos sobre la competencia, como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización, pero dejó de lado el porcentaje del 40 por ciento que el proyecto original de Elisa Carrió había fijado para definir una situación de concentración económica, lo cual despertó fuertes críticas de la bancada kirchnerista.

Para lograr la media sanción, avalada con 140 votos afirmativos contra 72 negativos, el oficialismo contó con la ayuda del Frente Renovador, el bloque Justicialista y el interbloque Justicialista, mientras el Frente para la Victoria-PJ y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa.

"Esta ley va a permitir avanzar en una Argentina de competencia. Va a permitir que no haya abusos y controlar la concentración", destacó la presidenta de la comisión de Defensa al Consumidor, la massista Liliana Schwindt, quien advirtió que "al menos 10 rubros" de la economía registran "falta de competencia".

"Todos conocemos que las empresas preferían pagar determinadas multas y seguir con sus conductas anticompetitivas", señaló, para justificar la necesidad de actualizar los montos de las multas.

Por su parte, Mario Negri (UCR) -uno de los coautores de la ley- celebró la discusión y tras aclarar que la iniciativa no viene a "resolver el problema de la inflación, destacó que el objetivo es "terminar con la cartelización que es la enfermedad que termina ahogando al consumidor".

La normativa propuesta, que fue girada al Senado, dispone la creación de una nueva autoridad de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo (se denominará Autoridad Nacional de la Competencia) que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica.

Ese organismo estará integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarios: el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo (con acuerdo del Senado) previo concurso público de antecedentes.

Entre las sanciones económicas, se prevén fuertes multas (las que están vigentes quedaron muy desactualizadas, ya que la legislación actual data de 1999) de hasta 100 millones de Unidades Móviles (de 20 pesos cada una, equivalente en la actualidad a dos mil millones de pesos), ajustables por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

El proyecto contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".

Se dispone, en tanto, un control de las fusiones y adquisiciones de empresas, exigiéndose la previa notificación a la autoridad de aplicación.

Por otro lado, se crea una sala especializada de competencia dentro de la Cámara Civil y Comercial, con la posibilidad de que las decisiones de la autoridad de aplicación sean "apelables".

Al tomar la palabra durante la discusión, el diputado del FPV Juan Cabandié denunció la "excesiva autoridad" que recae en el presidente del nuevo tribunal, y pidió un funcionamiento "más colegiado" de la autoridad de aplicación.

También definió como un "problema" en la redacción de la ley el hecho de no haber definido "porcentajes" para definir la "situación de concentración".

En la misma sintonía, su compañero de bancada Máximo Kirchner recordó que el proyecto original de Carrió "era mejor" que el dictamen que quedó plasmado luego de su tratamiento en comisión.

Axel Kicillof, en tanto, advirtió que el Gobierno "no ha parado de generar situaciones absolutamente adversas a la competencia".

"Empezando porque los representantes centrales de la concentración económica en la Argentina ahora son candidatos o titulares de ministerios. Poner de ministros a quienes han representado posición dominante y la han usado a su favor, nos llama a la sospecha", apuntó.

En ese sentido, indicó que esa situación, que asoció con la metáfora del "lobo cuidando al gallinero" "no se arregla con un tribunal" sino con políticas activas desde la Secretaría de Comercio.

"Otra vez estamos ante un maquillaje, un golpe de efecto tratando de mostrar a este Congreso como que va en un carril distinto al que va este Gobierno", aseveró.

Graciela Camaño (Frente Renovador-UNA) le subió el pulgar a la iniciativa pero advirtió que "sin una reglamentación posterior y puesta en funcionamiento de los órganos pertinentes se tratará de una muy buena ley teórica pero totalmente inútil en la práctica".

Al igual de lo hiciera luego Diego Bossio (BJ), Camaño insistió en complementar esta normativa con una ley de Góndolas, para controlar abusos en supermercados.

El extitular de ANSES no coincidió con el planteo del FPV para incluir un porcentaje para indicar cuando existe posición dominante, y al respecto recordó que "hubo casos del Gobierno anterior donde, con bajo porcentaje en el mercado, ciertos sectores tenían posición dominante, como el caso del cemento".

Por el Frente de Izquierda, Pablo López (PO) catalogó a la iniciativa como una "enorme hipocresía" impulsada por el "Gobierno de los monopolios" que "ha colocado a los CEOs de las empresas de monopolios como funcionarios".

Fuente: NA.